Puerto Madryn

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Los fiscales solicitaron la apertura de investigación y piden procesar a Tarrio

El ex secretario de Hidrocarburos y Minería de Chubut, Luis Tarrio, será investigado por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Es por la condonación de una deuda de 6 millones de pesos a una empresa petrolera. El miércoles será la audiencia en Rawson.

Los fiscales Silvia Pereira y Daniel Báez solicitaron la “apertura de investigación” y la imputación de Luis Tarrio por la presunta comisión de los delitos de “abuso de autoridad y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” por la condonación de una deuda de más de 6 millones de pesos a una empresa petrolera. La audiencia que da comienzo al proceso penal será el día miércoles a las 11.30 horas, en los Tribunales de Rawson ante el juez penal Fabio Monti.

Tarrio, patrocinado por el abogado particular Marcelo Gélvez, será investigado porque siendo Secretario de Hidrocarburos y Minería de Chubut –además ocupó los cargos de presidente de Petrominera y síndico de Ingentis, actualmente secretario de Hacienda de la Municipalidad de Puerto Madryn-, dictó dos resoluciones, contrariando, en principio, la normativa vigente. Esto encuadraría en el delito de “abuso de autoridad” por emitir, presuntamente, resoluciones sin seguir los pasos establecidos en el ámbito interno de la administración pública provincial.

A su vez, estas resoluciones condonaron el pago de una deuda millonaria, lo cual, a criterio de los fiscales, encuadraría en “administración fraudulenta”. Estas resoluciones condonaron el pago de cánones anuales para los períodos 2009, 2010 y 2011 que debía abonar la empresa “Patagonia Petróleo”, grupo empresario conformado en origen por las empresas Clividen Petróleo Argentina S.A., Integra Investment S.A. Y Kilwer S.A., generando un perjuicio estimado de $ 6.488.812 al Estado Provincial, según indica el pedido de apertura de investigación.

Equipo de fiscales

A cargo de la investigación se encuentra un equipo de fiscales comandado por la Fiscal de Rawson Silvia Pereyra y su par de Puerto Madryn, Daniel Baez; junto a los funcionarios Griselda Encina y Jorge Bugueño. El caso está caratulado “Fiscalía de Estado s/denuncia abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos” y como víctima, por ser un presunto delito cometido contra la administración pública, resulta damnificada la Provincia del Chubut, representada por la Fiscalía de Estado. En caso de ser encontrado culpable, le podrían caber penas de un mes hasta 6 años de prisión y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

 

Ficha audiencia:

Audiencia: Apertura de investigación

Juez: Fabio Monti

Fiscal: Silvia Pereyra (Rawson) y Daniel Báez (Puerto Madryn)

Defensor: Marcelo Gélvez (particular)

Imputado: Luis Tarrio

Víctima: Administración pública en representación de la Fiscalía de Estado

Delito investigado: abuso de autoridad y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

ARTICULO 248. - Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

ARTICULO 173.- Se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece: 7°. El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos;

ARTICULO 174. - Sufrirá prisión de dos a seis años: 5°. El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública. El culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua. 

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