Los fiscales anticiparon que pedirán entre 5 y 10 años de prisión para los imputados del SUPA

La fiscal general Florencia Gómez adelantó en la audiencia del jueves, que de prosperar la investigación tal como prevé, pedirá penas que van desde los cinco hasta los diez años de prisión en contra de los cinco sindicalistas del SUPA contra quienes se abrió una investigación por los delitos de extorsión y amenazas.

Para Karina Breckle, la jueza encargada de garantizar legalmente el proceso, el hecho que se investiga “es sumamente grave”. Agregó que con lo que endilgan los fiscales a los imputados “ha causado miedo y pavor a las presuntas víctimas y a sus familiares. Además afectaron la paz social de la provincia, las arcas del Estado, el medio ambiente además de afectar a los mismos trabajadores y a otros sectores de la pesca”. Al momento de resolver en contra de los dirigentes gremiales expresó que “usaron su actividad gremial para un provecho propio, mediante el pedido de una palabra que se dijo en esta audiencia: la coima”.

Pruebas

En la audiencia de apertura de investigación en donde la jueza de garantías Karina Breckle resolvió la prisión preventiva por un mes contra los cinco imputados, se conocieron además parte de las pruebas que hasta el momento han reunido quienes están a cargo de la investigación, la fiscal general Gómez y el procurador de fiscalía Leonardo Cheuquemán.

Se trata de mensajes de texto y de audio intimidatorios contra los cinco empresarios denunciantes, obtenidos como prueba judicial mediante el llamado “sistema Espejo”, además de registros de transferencias bancarias de dinero en favor de los imputados. En los seis meses en que deberá demorar la investigación, se prevé además obtener numerosos testimonios.

Sin fueros

Para resolver la prisión por el plazo de un mes para los cinco imputados, la jueza Karina Breckle limitó los alcances de los fueros gremiales de los dirigentes sindicales del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA). Para ello dictó la inconstitucionalidad del artículo 248 de la Constitución provincial.

Argumentó que en este caso específico “no hay ninguna relación entre el delito que se investiga y la actividad gremial de los imputados. Los fueros gremiales previstos en la Constitución, están para proteger los intereses de los trabajadores, no para proteger intereses particulares”.

Los empresarios denunciantes que además estuvieron presentes en la audiencia son: Raúl Cereseto, Rafael Suárez, Ezequiel Jaroslavsky, Sergio Pantano y Luis Santander.

-Producido por el Area Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson.