Para la Fiscalía los sindicalistas del SUPA “se encubrían en un falso conflicto de incumplimiento paritario”

Para la fiscal general Florencia Gómez, los cinco sindicalistas del SUPA detenidos por el delito de extorsión y amenazas, cometieron esos delitos en provecho personal y encubrían el pedido de dinero simulando un falso conflicto con los dueños de las empresas de estibas a quienes responsabilizaban con no cumplir con las paritarias.

En la audiencia realizada en la mañana y tarde del jueves en la que la jueza Karina Breckle resolvió la prisión domiciliaria por un mes para los imputados, la fiscal general responsable de la investigación dijo que se trata de un hecho “muy grave”.

Dijo que los cinco responsables de la conducción del SUPA “utilizaron al gremio como medio para presionar y obligar a los empresarios de las empresas de estiba a que les transfieran dinero mediante la extorsión y las amenazas. El dinero iba para sus bolsillos particulares. Pero para hacia la sociedad hacían aparecer que no se descargaban los barcos con langostinos simulando y responsabilizando a las empresas de no cumplir con las paritarias”.

La presión estaba directamente relacionada con la rápida de descomposición del langostino, la materia prima con la que llegaban los barcos al puerto. La afectación del medio ambiente fue muy importante además de la afectación económica para el sector.

Los imputados son Alexis Gutiérrez, Claudio Villarroel, Igor Vera, José Zambrano y Juan Carlos Inaleff – todos integrantes de la cúpula del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA). Se les imputa haber sido presuntos autores del delito de extorsión y amenazas hacia empresarios de la estiba que operan en los puertos locales

Los acusadores pidieron la prisión preventiva por el plazo de seis meses argumentando que con los imputados en libertad se podía entorpecer la investigación. La jueza Breckle adhirió en parte a esa solicitud: dispuso la detención de los imputados en sus respectivos domicilios, por el plazo de un mes y la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con los denunciantes y sus familias.

En la audiencia, tres de los denunciantes se expresaron ante la magistrada. Uno de ellos, Raúl Cereseto, manifestó tener temor por su integridad y especialmente la de su familia. Aunque expreso no tener pruebas ya que existe una investigación en marcha, coincidió con los fiscales en relacionar el incendio de su camioneta particular con el conflicto con las denuncias realizadas. Otros dos empresarios se manifestaron en términos similares y uno de ellos además expresó que las amenazas recibidas están afectando su salud.

En 30 días más se realizará otra audiencia para ver como transcurre la investigación y si se prorroga o no esa medida de coerción contra los sindicalistas.

-Producido por el Area Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut.