Según las investigaciones realizadas por la Unidad Especializada en Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal del Chubut, en algunos de los casos conocidos, los autores de este ilícito han obtenido ganancias que ronda el medio millón de pesos.

La necesidad de dar a conocer cómo los extorsionadores primero engañan a sus víctimas y luego las chantajean, surge a raíz de nuevos allanamientos realizados en la mañana de este martes en el Instituto Penitenciario Provincial de la ruta nacional 3, desde donde se originan los contactos con las víctimas mediante el uso de teléfonos celulares.

El ardid comienza con la creación de un perfil falso en las redes sociales, generalmente Facebook. Allí se envían a las víctimas (en general hombres) fotos eróticas sugerentes (obtenidas de las redes). Paralelamente -siempre a través de las redes sociales- los extorsionadores realizan tareas básicas de ingeniería social a fin de elegir a sus víctimas, generalmente apuntando a hombres adultos con conformación familiar, trabajos formales a quienes envían una solicitud “de amistad”. La generación de los primeros chats deriva posteriormente en el intercambio de archivos multimedia, videos y fotos de desnudez, contenido íntimo y sexual.

Obtenidos estos registros de las víctimas, comienza la etapa de extorsión con distintas modalidades que se aproximan a la extorsión (delito previsto en el artículo 168 del Código Penal de la Argentina) o al chantaje (artículo 169).

A esta altura del ardid, los extorsionadores le hacen saber a las víctimas que la joven (siempre con perfil falso) “es menor de edad” y que sus padres tomaron conocimiento del contenido y el intercambio de mensajes y fotos. En algunas oportunidades presionan aún más a las víctimas simulando contar con una orden de autoridad pública (como por ejemplo la existencia de una causa penal abierta) y una orden judicial de detención (falsa) próxima a ejecutarse. Así simulan escritos judiciales en los que incluyen sellos y membretes oficiales, nombres de jueces y fiscales de la jurisdicción.

En otros casos investigados, manifiestan que los padres en estado de enojo rompieron los dispositivos de la supuesta menor, o que la misma sufre alguna enfermedad previa y tuvo que ser internada por la crisis. Hasta mencionan haber sido víctimas del delito de grooming o de difusión de material de abuso sexual infantil (delitos previsto en los artículo 128 y 131 del Código Penal.

En la etapa final de la extorsión exigen un “resarcimiento de los gastos en los que debieron incurrir”. En otros casos chantajean a las víctimas con la amenaza de hacerle llegar a familiares y contactos de la red social los archivos multimedia obtenidos mediante el engaño. En ambos casos exigen la entrega o la transferencia de dinero por distintos circuitos legales (transferencias bancarias, envíos de dinero, de dinero.

-Fotografia: allanamiento en el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew.

-Producido por el Area Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, oficina Rawson.