La víctima de un caso de lesiones graves se opuso al pedido de suspensión de juicio a prueba, pidió “que se realice el juicio oral y público”.
El próximo jueves 2 de noviembre se resolverá el pedido de suspensión de juicio a prueba presentado por la defensa de R. B. En un caso complejo por lesiones graves, doblemente agravadas por el vínculo, por mediar Violencia de Género, en concurso real, con amenazas. El Tribunal integrado por los jueces Ricardo Rolon, Fernanda Revori, ambos de la ciudad de Esquel, y Yamila Flores, de Puerto Madryn, como presidente, darán su veredicto a través una notificación digital. En el marco del inicio de un juicio oral y público en donde se encuentra imputado R B, guardafauna de la Provincia del Chubut.
En el comienzo de la audiencia de debate, el defensor Pablo Sánchez, junto a Miguel Lugo, realizaron varios planteos previos al inicio, entre los que solicitaron la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba, ofreciendo una serie de condiciones en favor de la víctima. En el mismo sentido, la defensa Pública pidió que la prensa presente sea retirada del juicio, motivo por el cual requirió que el Tribunal resuelva la cuestión. Desde el Ministerio Público Fiscal, representado en este caso por el Fiscal General, Fernando Rivarola junto a la querella autónoma, Dra Gladys Olavarría, se opusieron al pedido, considerando que la presencia de los medios de comunicación no afecta el correcto desarrollo del juicio y además lo prevé el Código Procesal Penal vigente. Tras un breve cuarto intermedio en forma unánime, el Tribunal, resolvió que la presencia de los medios de comunicación se encuadra dentro de los recaudos legales vigentes, además la víctima no lo solicito. Asimismo, se hizo mención que el Código Procesal Penal de Chubut, prevé la publicidad de los actos judiciales.
En relación con el pedido de suspensión de juicio a prueba, el representante del Ministerio Público Fiscal, se opuso, entre sus argumentos, indicó que los Fiscales deben respetar la voluntad de la víctima en primer término, y las instrucciones del Procurador General, que bien indican que solo en cuestiones excepcionales se debe acceder a ese Instituto. En este caso no se tiene el consentimiento de la víctima, por lo tanto, el Fiscal rechazo el pedido. En el mismo sentido, indico que la pretensión punitiva prevista será de 5 años de prisión efectiva. La querella autónoma ejercida por la Dra Gladys Olavarría también se opuso al pedido de la defensa. Y agregó al finalizar que su asistida tiene temor por su vida
Al finalizar, la víctima pidió la palabra y dijo textualmente “quiero ir a un debate público, quiero que se sepa todo, quiero ser escuchada en un juicio”
