Suspensión de juicio a prueba por el delito de chantaje en beneficio de Soledad San Martín
El abogado de fiscalía Matías Ayuzo y el abogado particular Néstor Coronel, acordaron peticionar la aplicación del beneficio de suspensión de juicio aprueba en favor de Natalia Soledad San Martín (23) imputada como presunta autora del delito de chantaje. En esta misma causa fueron investigadas las hermanas Nadia Janett Sisterna (34) y Bárbara Micaela Sisterna (25) quienes accedieron a una salida alternativa mediante una reparación económica y cumplimiento de reglas de conducta. Las partes propusieron que por el plazo de tres años se suspenda el procedimiento legal. También establecieron que Natalia San Martín debe abonar una reparación económica en favor de la víctima. Asimismo debe presentarse en seis ocasiones ante el cuerpo de delegados de control de la ciudad de Puerto Madryn, no cometer nuevos delitos y acatar la orden de prohibición de contacto y acercamiento con el damnificado. En este contexto, se debe recordar que las tres mujeres fueron investigadas por utilizar perfiles falsos de la red social “Facebook” y exigir transferencias de sumas de dinero al damnificado, bajo amenaza de iniciar acciones legales en su contra por el intercambio de fotos y videos íntimos.
Al inicio del acto judicial, el asesor legal de la acusada informó que mediante el análisis del cumplimiento de los requisitos legales exigidos, acordaron con el representante el Ministerio Público Fiscal, peticionar la aplicación de una suspensión de juicio a prueba por el plazo de tres años, en favor de Soledad San Martín.
En este marco, el abogado Ayuzo, indicó que durante el plazo de procedimiento a prueba, la imputada debe presentarse en seis ocasiones ante el cuerpo de delegados de control de la ciudad de Puerto Madryn. También debe abonar un pago de cincuenta mil pesos en favor del damnificado. A ello agregó una orden de prohibición de acercamiento y contacto entre la imputada y la víctima.
En este marco, el juez Quiroga, le explicó a la acusada que otra de las reglas de conducta que implica este beneficio es la de no cometer nuevos delitos durante el plazo la suspensión del juicio.
El caso
La investigación que realizó la fiscalía establece que el caso debe ubicarse temporalmente entre los meses de junio de 2021 y enero de 2022.
En ese período, el damnificado utilizó la red social Facebook y se contactó con una usuaria identificada como “Aldana Gutiérrez”.
Luego de intercambiar varios mensajes, continuaron la comunicación en la red social WhatsApp. En ese contexto, intercambiaron fotos y videos íntimos.
En tanto, el 20 de agosto de 2021, el denunciante recibió una llamada de WhatsApp. Cuando respondió, una persona se identificó como “Danilo Sepúlveda” y le manifestó que era el abogado de la familia de mujer con la que había intercambiado mensajes íntimos. A ello, el presunto abogado, agregó que los padres de “Aldana Gutiérrez” habían descubierto la situación y exigían una suma de 130.000 pesos para “arreglar”. En caso contrario, presentarían una denuncia en su contra. Asimismo, el “letrado” le indicó que, por tratarse de una menor de edad, la causa penal terminaría con una pena de prisión.
A los fines de evitar una denuncia en su contra, la víctima accedió a la exigencia y transfirió el dinero al número de cuenta que le dictó el supuesto abogado.
En este marco, los investigadores, sostuvieron que el número de CBU al que fue enviado el dinero pertenece a la cuenta bancaria de Natalia Soledad San Martín. Para la parte investigadora, la imputada, colaboró con el autor de la extorsión, facilitando el número de su cuenta bancaria para recibir el dinero
“El Fiscal Báez”
Una semana después de la primera llamada, el denunciante fue contactado nuevamente por la persona que se presentaba como abogado de la familia Gutiérrez.
En esa ocasión, le informó que la menor de edad se encontraba internada. También le manifestó que habían iniciado acciones penales en su contra por los delitos de “grooming” y “pornografía infantil”.
Esta vez, para resolver la situación, el pedido de dinero ascendió a la suma de 300.000 pesos, a realizar en dos pagos. La línea investigativa del Ministerio Público Fiscal, estableció que el número de CBU donde se recepcionaron las transferencias corresponde a una cuenta bancaria a nombre de Nadia Sisterna.
Asimismo, el 20 de septiembre de 2021, la víctima recibió un nuevo mensaje de WhatsApp. En el contenido del mensaje, una persona se presentó como “Daniel Báez”. Asimismo, le expresó que se desempeñaba como fiscal y que tenía que hablar con él.
Al establecer la comunicación telefónica, el presunto fiscal, le manifestó que para mediar y archivar la causa que había ingresado a su oficina, la víctima tendría que realizar una nueva transferencia bancaria.
Para ello, le dio un número de una Clave Bancaria Uniforme (CBU) que pertenece a la imputada Bárbara Sisterna de las mujeres denunciadas como colaboradora de la maniobra de chantaje. En esa oportunidad, el damnificado, realizó cuatro envíos de dinero.
Así las cosas, para el Ministerio Público Fiscal, las hermanas Sisterna junto a Nadia San Martín, colaboraron con el autor de la extorsión, aportando sus cuentas bancarias para recibir el dinero de las transferencias realizadas por la víctima.
