Dos audiencias de control, a partir de hechos sucedidos en un mismo contexto, ocurridos en proximidades de la rotonda 5 de octubre en Trelew, generándose sendas imputaciones a un policía por abuso de arma agravado, al pertenecer a una fuerza de pública, artículos 104 y 105 en función de artículo 80 del Código Penal y a un vendedor de cerezas por atentado y resistencia a la autoridad, artículos 239 y 45 del mismo código.

  En la primera audiencia se le endilgó al policía Ezequiel Rodrigo Ñanculeo, efectuar un disparo en dirección a la persona responsable de la venta de cerezas que se daba a la fuga en su vehículo, luego de haber protagonizado una agresión a empleados municipales. En esas circunstancias, interviene personal policial y allí Ñanculeo extrae el arma reglamentaria y efectúa un disparo hacia quien se estaba dando a la fuga.

  Mientras tanto, ingresando a la zona de la rotonda en dirección hacia el shopping un particular resultó víctima del accionar de Ñanculeo, recibiendo el impacto del proyectil su vehículo particular en la parte derecha. El fiscal general Omar Rodríguez solicitó la apertura de investigación, quedando a cargo de la investigación el fiscal Osvaldo Heiber, pidiendo además como medida de seguridad la prohibición de acercamiento a las víctimas y sus grupos familiares.

  El juez Barrios accedió a la apertura de investigación, disponiendo la inmediata libertad del policía, aunque ordenando la prohibición de acercamiento hacia la víctima y su familia. El agente policial estuvo defendido por el abogado particular Fabián Gabalachis.

Atentado y resistencia

  Posteriormente, se llevó adelante la audiencia donde se imputó a Edgar Alcides Villagrán el delito de atentado y resistencia a la autoridad, tras lo ocurrido el día 23 de diciembre cerca de las 19, cuando personal de inspección municipal intentó llevar adelante un control en un puesto donde se vendía cerezas y carbón en la rotonda 5 de octubre de Trelew.

   A bordo de una camioneta Ford Ranger llegó Villagrán, descendiendo de su vehículo con un elemento contundente, agrediendo a los municipales, en forma particular a uno de ellos de apellido Espinosa, siendo el principal perjudicado. Luego retornó a su móvil y se dió a la fuga, provocando la persecución policial que derivó en la utilización del arma por parte de un integrante de la fuerza pública.

  El imputado dijo que se sentía consternado por lo sucedido, habiendo reconocido la pérdida de control, lo que no le permitió saber bien lo que hacía en ese momento. Su defensora, Elisa Rossi, negó que su cliente hubiera utilizado un elemento para la agresión.

  El Juez Adrián Barrios determinó la prohibición de acercamiento al domicilio del empleado municipal, y dejó abierta la investigación por el plazo legal, quedando a cargo del fiscal Osvaldo Heiber.