Luego de la denuncia radicada en dependencias policiales por el padre de una menor, tras la obtención de indicios sobre su presunta responsabilidad, un profesor que cumplía funciones en escuelas de 28 de Julio y Dolavon, en ésta con un cargo directivo, fue sometido a la audiencia de control, donde fue informado por el Ministerio Público Fiscal acerca de la imputación que pesa sobre su persona, solicitándose la apertura de investigación y la prisión preventiva.

Sin prensa

  Evitando el tratamiento en audiencia, la jueza Ivana González avisó previamente que no permitiría la presencia de la prensa, amparándose en el artículo 309 inciso 1ro. del Código Procesal Penal, que refiriéndose a la publicidad del acto indica: "no obstante, el tribunal podrá resolver, excepcionalmente, aún de oficio, que se desarrolle total o parcialmente, a puertas cerradas cuando afectare el pudor, la intimidad o la integridad física de alguno de los intervinientes o de alguna persona citada para participar en él..."

Imputación

  La fiscal general Mirta Moreno pidió la apertura de investigación dando a conocer los hechos referidos en la orden de allanamiento y detención, autorizada por la misma jueza, basados fundamentalmente en las comunicaciones mediante redes sociales, mediante las que se trasluce un intento de seducción, sumado al acoso en que la menor se sentía intimidada, que se producía principalmente en el establecimiento educativo, donde el imputado era su profesor. Los mismos hechos avanzan en mensajes que intentan generar encuentros privados, aclarando el denunciante que a raíz de lo acontecido su hija había cambiado hábitos, no queriendo concurrir a la escuela y sin salir a la calle por el temor.

  La doctora Moreno se explayó sobre los detalles y los términos utilizados en los mensajes, ya sea a través de la red social facebook y también en contactos telefónicos, considerando que se estaba ante la presencia de un pedófilo, acosador de una menor de edad, no solo cuando la misma se encontraba en su vivienda, vía internet o a través de mensajes de texto a su  celular, sino cuando la jóven iba al colegio al que asistía, aprovechando la condición de docente del sindicado, quien proponía sitios y horarios para encuentros de tipo sexual en la escuela, o bien que la sacaría de la clase, esgrimiendo alguna excusa con el fin de generar los mismos.

Calificación jurídica

  La calificación jurídica expuesta por la fiscalía es la de corrupción de menores, agravada en concurso ideal con grooming, artículos 125, 131, 45 y 54 del Código Penal, pidiendo una medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva, mientras se implementan diversas medidas relacionadas con la investigación. A todo ésto se agregaron los elementos secuestrados tanto en el domicilio del imputado, en la zona de 28 de Julio, como en las escuelas de esa localidad y Dolavon, donde cumplía tareas, antes de ser separado de su cargo por el Ministerio de Educación en las últimas horas.

  Varias computadoras y accesorios, escritos, un uniforme policial completo, dos armas de fuego, un pan de marihuana, pastillas y celulares, constituyen parte de lo secuestrado, además de todo lo requisado, que permitió observar el estado de la vivienda donde residía, con sus paredes cubiertas de escritos intercambiados presuntamente con alumnas.

Defensa

   El profesor es defendido por el abogado particular Fabián Gabalachis, quien se opuso a la calificación jurídica prevista por el Ministerio Público, solicitando a su vez una medida de coerción que no supere los quince días, señalando que resignaba la recusación de la magistrada, entendiendo que hasta podría haber emitido opinión personal respecto de las circunstancias que rodean a su defendido.

Prisión preventiva

  Esto fue rechazado por la propia juez, que dispuso finalmente la prisión preventiva por un mes del imputado, sosteniendo la probabilidad de autoría y la presencia de los riesgos de fuga y entorpecimiento, en coincidencia con lo argumentado por la fiscal.  Manifestó al respecto que no caben dudas acerca del origen, la autoría y el contenido de las comunicaciones que además se efectuaron con asiduidad, de acuerdo a la selección de la evidencia realizada aún en el estado larval de esta causa.

  Sobre la calificación escogida, la doctora González expresó que en esta ocasión no puede objetarse la misma. Existen circunstancias graves relacionadas con el control no solo cibernético sino también físico, a partir del lugar donde  viven, pequeño, donde todos los movimientos pueden ser conocidos fácilmente, además de aprovechar una situación de poder, a partir de la ascendencia impuesta sobre una alumna menor.

  Entre otros considerandos, la magistrada tuvo en cuenta las medidas que deben llevarse adelante, desde lo testimonial hasta las importantes pericias sobre elementos secuestrados, resolviendo la prisión preventiva por el término de un mes y la apertura de la investigación bajo la calificación jurídica relatada por el Ministerio Público Fiscal.