La situación se planteó en la audiencia programada para que se efectúe el juicio oral y público en la causa caratulada "Bustos Gerardo y otro(menor) s/homicidio en grado de tentativa, lesiones leves-Trelew", donde resultan imputadas varias personas, entre ellas Francisco Antonio Castagnoli, Rocco Castagnoli, Rodrigo Maximiliano Acosta, Oscar Moreno, Mauro Aguirre y Vicente Castagnoli, que tienen como abogado defensor a Gustavo Latorre.
La corbata que faltaba
El tribunal está integrado por Adrián Barrios y José García como vocales, mientras el doctor Darío Arguiano hace las veces de presidente. Justamente Arguiano, antes del inicio, llamó la atención a Oscar Romero, querellante en representación de Alba Plaza, madre del menor que resultara víctima de lesiones leves, al no tener puesta una corbata, situación que el abogado particular aclaró indicando que el colegio de abogados, del cuál es presidente, da lugar a la permisividad de no usar la misma.
Lo cierto es que los colegiados se retiraron de la sala del sexto piso, pidiendo se cumpla con ese requisito, y todo se fue dilatando hasta llegar las 10,30, en que retornaron tanto las partes como los jueces, y el doctor Romero seguía sin vestir la corbata requerida.
En esta oportunidad, el doctor Arguiano comentó a los presentes lo sucedido, señalando que daban comienzo el evento teniendo en cuenta la complejidad de la causa y el tiempo transcurrido, pero observando que no se cumplía con el artículo 310, 2do párrafo, del Código Procesal Penal, relacionando lo incompatible de esa postura con la seriedad de una audiencia. Según lo dicho por el juez, esa norma faculta a que se intime al letrado y viendo que no había suplido esta falencia se consideraba un desaire hacia este cuerpo colegiado.
Finalmente sobre este tema, manifestó que elevarán el audio correspondiente a organismos superiores para que se tomen las medidas respectivas, afirmando que la actitud del presidente del colegio de abogados es equívoca.
Diversas cuestiones
Lo planteado en primer término, fuera de todo lo previsto, resultó un prólogo de las situaciones generadas posteriormente, debido a todas las cuestiones que se fueron presentando y que realmente hacen dudar acerca de la suerte que tendrá la posible realización del juicio oral y público.
Una de ellas esta vinculada con la salud del imputado Vicente Castagnoli, que a través de su defensor presentó el 18 de febrero de este año un certificado, donde consta la necesidad de su derivación a la fundación Favaloro, cuestión que deviene de un informe dado conocer a la oficina judicial el 17 de febrero, puesto a consideración del cuerpo médico forense ese mismo día, y de acuerdo a lo manifestado por el fiscal general Fabián Moyano, se verificaría que el paciente esta en condiciones de asistir al juicio oral.
En este sentido, se escucharon largas alocuciones a favor y en contra, principalmente del querellante Luis López Salaberry, defendiendo los derechos de Gerardo Bustos, quien fustigó el sistema judicial, diciendo que la propia justicia se ve burlada groseramente a través de las distintas decisiones que se han ido tomando a lo largo de este dilatado proceso. Pero además trajo a colación lo resuelto en su momento por el juez Yanguela, quien en la audiencia preliminar ordenó la realización de una junta médica para Francisco Castagnoli, con un plazo de veinte días, luego de una presentación firmada por el doctor Zaro, certificando un trastorno de ideas delirantes del imputado.
Esta resolución, dictada el 19 de septiembre del año pasado no se habría cumplido, y según indicó el abogado, siempre que consultó a la oficina judicial se encontró con que daban respuesta sobre Vicente: "no pude hacer entender que Vicente no es lo mismo que Francisco", enfatízó en una parte López Salaberry.
Por otro lado, por iniciativa de este último, que contó con la adhesión de Romero, el tribunal deberá resolver en el futuro sobre la solicitud de darle trámite de caso complejo, teniendo en cuenta todas las dilaciones que viene sufriendo, habiéndose sometido a un mismo juicio dos causas diferentes, como lo son la tentativa de homicidio y las lesiones leves, en este último caso sufridas por el menor. El pedido se basa en que practicamente en agosto se vencen los plazos razonables, y de acuerdo a todos los planteos, no se vislumbra un proceso rápido para llegar definitivamente a concretar el juicio.
El tribunal pidió se expidan las partes en lo relacionado con Vicente Castagnoli, y fue ahí donde el Ministerio Público Fiscal y la querella particular de Bustos solicitaron la declaración de rebeldía y la orden de captura de Castagnoli, entendiendo que se dejaron correr los plazos, obstaculizando el desarrollo del probable juicio.
Esto fue rechazado por la defensa, quien expuso largamente sobre el certificado emitido por la doctora Ana Daroca, poniendo a disposición la profesional para que sea convocada con el fin de responder las inquietudes. El doctor Moyano aseveró que ese certificado choca absolutamente con el informe dado por el doctor Heredia, y pidió al tribunal se de lugar al informe médico forense.
Sigue mañana
Cerca de las 13, luego de un cuarto intermedio, los jueces Arguiano, Barrios y García resolvieron convocar para mañana a las 9 a la doctora Ana Daroca, en primer término, y luego al doctor Heredia, del cuerpo médico forense, para que profundicen sobre los diferentes pronunciamientos y respondan los cuestionamientos que puedan surgir de las partes, para luego tomar una resolución al respecto. Luego de ello, seguramente deberán tomar decisiones en torno a la situación de Francisco Castagnoli y el pedido de tratamiento como causa compleja.
El hecho y las acusaciones
El 13 de agosto de 2011, entre las 13,10 y 13,30 los mencionados, pertenecientes al comercio "Imola", dedicado a la compra y venta de automotores, agredieron a Gerardo Bustos y su hijo, siendo el mas comprometido Francisco Castagnoli, a quien se lo sindica como portador de un elemento contundente con el que golpeó en diecinueve oportunidades la humanidad de la víctima. Bustos a su vez, es el propietario de la firma "Ellinor".
En definitiva, el Ministerio Público Fiscal, representado en la oportunidad por Fabián Moyano, imputa a Francisco Antonio Castagnoli, Rocco Castagnoli, Rodrigo Maximiliano Acosta, Oscar Moreno, Mauro Aguirre, Vicente Castagnoli y el menor imputable por la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, en carácter de coautores, previsto y reprimido en los arts. 42, 79 y 45 del Código Penal.
En todo caso, alternativamente este Ministerio Público le imputará a Francisco Castagnoli, el delito de homicidio en grado de tentativa en carácter de autor, y al resto de los imputados, Rocco Castagnoli, Rodrigo Acosta, Oscar Moreno, Mauro Aguirre, Vicente Castagnoli y el menor, el delito de homicidio en grado de tentativa en carácter de partícipes necesarios, previsto y reprimido en los arts. 42, 79, 45 y 46 del Código Penal. En este caso se les imputará la participación en el hecho, y no la ejecución del mismo. La pretensión punitiva es de cuatro años de efectivo cumplimiento
En tanto, la querella particular , ejercida por Luis López Salaberry, elevó la acusación por tentativa de homicidio agravado y alternativamente lesiones graves agravadas, solicitando diez años de prisión para los acusados.