El Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal general Fabián Moyano expuso durante una audiencia de control realizada en el tercer piso de tribunales, acerca de una dramática situación que pudo verificarse a partir de un allanamiento realizado el 10 de marzo en un centro geriátrico denominado “Oasis”, situado en Juan José Valle y Cutillo, chacra 118 de Trelew.
Manifestó el fiscal que el procedimiento tuvo su origen en una denuncia recibida en fiscalía dando cuenta que en aquel lugar se encontraban personas en situación de desamparo, siendo objeto de castigos físicos y a quienes se les suministraba comida en mal estado e inclusive se mencionaba que una a una abuela se la mantenía en una celda con candado. De allí que se solicitó el respectivo allanamiento, autorizado por el Juez Marcelo Nieto Di Biasse, realizado por personal policial, con la presencia de representantes de la asesoría de familia y la fiscal general jefe María Tolomei.
Es así que pudo verificarse en el sitio lo mencionado en la denuncia, observándose el hacinamiento en que los abuelos eran mantenidos, hallándose el lugar donde en un cuarto de pequeñas dimensiones se encontraban seis abuelos, y en ese ámbito había una celda donde pudo fotografiarse a una abuela en la cama con un tacho a su lado que era utilizado para sus necesidades. En la diligencia se procedió a efectuar diversos secuestros de elementos, entre ellos sellos de médicos y recetarios firmados en blanco, además de clausurarse el sector de cocina donde se encontró comida en mal estado.
Aludió el fiscal Moyano a las sospechas sobre que la propietaria privó de libertada ambulatoria a seis ancianos, en ese sector donde se encontraban, constatándose que quien se ubicó en una celda era una paciente siquiátrica con recomendaciones médicas para ser trasladada a un lugar adecuado bajo órbita de salud mental. También fue secuestrada un arma de fuego, que deberá ser periciada para determinar su estado y aptitud.
Evidencias
Se expresó que como evidencias se cuentan con varios testimonios, además de la denuncia efectuada que incluye fotografías donde puede verse a una abuela con lesiones, la cuál habría fallecido meses atrás. Los testigos aducen malos tratos físicos y dan cuenta que varios residentes habrían perdido la vida. Además se secuestró una manguera que habría sido utilizada, conectada a una canilla, para realizarles enemas, lo que provocaba lesiones. Otro de los detalles que trascendieron es que por la noche ataba a los abuelos para que no se levantaran, según lo especifican los testimonios, existiendo la posibilidad que declare una persona que pidió la reserva de identidad, lo que sería solicitado en el futuro por el Ministerio Público Fiscal.
Destacó la fiscalía la forma oculta y clandestina en que se mantenía este sector con los vidrios tapados y que figuraba como casa particular de la imputada, que en realidad está en la planta alta, y en este sitio abajo que nadie conocía se encontraban seis camas y una celda con la cama y el tacho a su lado. Se remarcó la actividad lucrativa, ya que la propietaria cobra por tener a los abuelos, sin saberse aún quienes son los familiares directos de la paciente encontrada en la celda, que se deduce, no informaba para no perder el ingreso monetario que ello le producía.
Calificación
La calificación jurídica esgrimida es la de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada y que existe la obligación del cuidado de las personas con requerimientos geriátricos y por perdurar mas de un mes en esa condición, de acuerdo al artículo 142 inciso 2 y 5 del código penal, en concurso real con el delito de abandono de personas, artículo 106. Solicitó el doctor Moyano la apertura de investigación por seis meses, indicando que en el geriátrico había entre 18 y 19 abuelos que deberán ser evaluados por el servicio de asistencia a la víctima del delito y la sicóloga del centro médico forense, observando la posibilidad que algunos de ellos puedan declarar en cámara gessel, generando un anticipo jurídico de prueba.
Entorpecimiento
Para la fiscalía, la imputada en libertad podría influenciar e intimidar a personas empleadas y abuelos, teniendo en cuenta el estado de vulnerabilidad y pidió la prisión preventiva por dos meses, sin perjuicio de alguna revisión anterior. La asesora Ivana Baskov informó sobre la participación de este organismo de familia, disponiendo el traslado a salud mental de la abuela que se encontraba en la celda, lo que se hizo en forma inmediata y se convocó a familiares de todos los residentes para ponerlos en conocimiento del caso. El otro asesor presente, Pablo Rey pidió que en caso de no ser otorgada la prisión preventiva se le aplique la prohibición de acercamiento.
Quince días de prisión
Sin embargo, para el Juez Marcelo Nieto Di Biasse fue muy clara la exposición fiscal y tuvo en cuenta los elementos colectados, al considerar a la imputada como posible autora de los delitos que se le endilgan. La defensora Zulma Manyauik pidió se morigere la prisión con el arresto domiciliario, dada la necesidad de ciertos medicamentos de su cliente, pero el magistrado observó que estaba dado el peligro de entorpecimiento y resolvió imponer quince días de prisión preventiva, estimando que en ese lapso de tiempo el Ministerio Público Fiscal podría avanzar en el conocimiento de cuantos abuelos y personas allegadas van a estar en condiciones de ser entrevistadas, y así avanzar con el debido proceso.
