El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Osvaldo Heiber, expuso sobre los agravantes que tendrían incidencia para la aplicación de la pena a Diego Florentino Huenelaf, alias "poca pila", quien fuera encontrado autor penalmente responsable de robo agravado por uso de arma, artículo 166 inciso segundo del Código Penal, debido a un hecho ocurrido el 10 de agosto de 2010.

  De acuerdo a lo manifestado, la naturaleza de la acción y la extensión del daño fueron considerados por el fiscal para ser tenidas en cuenta por los jueces a la hora de sus decisiones, recalcando la amenaza efectuada con el arma blanca contra la víctima y el demérito en el patrimonio tras el robo consumado de dos televisores LCD.

   Trajo a colación los antecedentes condenatorios que dan cuenta de una condena el 10 de junio de 2008, dos años de efectivo cumplimiento, por un robo en grado de tentativa del 14 de marzo del mismo año. Indicó que en esta pena se encontraba comprendida otra del 9 de mayo de 2007, por robo agravado.

  Solicitó una pena de ocho años de cumplimiento efectivo, a lo que agregó la solicitud de la declaración como reincidente, prevista en el artículo 50 del Código Penal. Pero además recordó que Huenelaf ha invocado sus fueros gremiales, como delegado sindical, para intentar evadir la prisión preventiva, sumando a ésto las enfermedades argumentadas, que al ser evaluadas resultaban no ser de la gravedad pretendida, haciendo dilatar el proceso y suspender el juicio.

  El abogado particular, Fabián Gabalachis, ejerciendo la defensa se opuso al requerimiento fiscal indicando que no existen los agravantes, justificando que la actuación de su defendido ha tratado de ser lo menos dañosa posible, buscando como objetivo una vivienda sin personas en su interior. Por otro lado, aseveró que Huenelaf nunca intentó eludir la justicia, ya que los fueros duraron pocos días, y sin ellos se prestó voluntariamente a proceso.

  Respecto a las dilaciones por enfermedades, dijo que las mismas fueron debidamente controladas por médicos, siendo una interpretación del Ministerio Público Fiscal acerca de la no gravedad de las mismas, según expresó. Se opuso a la declaración de reincidencia por inconstitucional, no haciendo valer en tal sentido los antecedentes condenatorios, y solicitando en definitiva el mínimo de la pena exigida para este delito, es decir cinco años de prisión.

  El tribunal de enjuiciamiento, integrado por los Jueces Darío Arguiano, Patricia Asaro y Gustavo Castro, comunicó que dará a conocer la resolución definitiva el próximo viernes 24 a las 12 en sala a designar por la oficina judicial.