En una audiencia de revisión llevada adelante en los tribunales de Trelew, el Ministerio Público Fiscal impulsó la mantención de la medida de coerción que pesa sobre un menor, alojado en el Cose, acusado de homicidio en perjuicio de Brandon Méndez, en un hecho ocurrido durante la madrugada del 15 de noviembre de 2013 en un barrio de esta ciudad.

El hecho

  La fiscal general María Tolomei relató que aquel día se encontraban en una vivienda un grupo de jóvenes reunidos, pasando por allí el ahora imputado profiriendo insultos contra uno de ellos, recibiendo similar respuesta, provocando la ira del recién arribado, traducida en amenazas  y llegando a manifestar: "ahora voy a venir y los voy a cagar a tiros", retirándose y efectivizando su advertencia al regresar a los pocos minutos con sus dos hermanos.

  Portando un arma de fuego tipo fusil con cañón y culata recortados, se puso de frente a los presentes, en tanto sus acompañantes llegaban por los costados, uno portando un cuchillo, en presunta búsqueda de quien lo habría insultado. En ese momento una jóven se interpone intentando convencerlo para que depusiera su actitud, pero al mantener su estado de alteración, Méndez se incorpora en defensa de su compañera, profundizándose las amenazas, y efectuando un disparo que da en la región toráxica, provocando serias heridas y diversos órganos que culminan con la muerte de quien tenía en ese momento 17 años.

  Los tres hermanos se retiran del sitio, pero vuelven en dos oportunidades haciendo frente a los reunidos, provocando el enfrentamiento, pero en la segunda de ellas, al  observar ya la presencia policial desisten de la postura y se dan a la fuga. El menor agresor es perseguido y detenido en la puerta de su domicilio, lográndose secuestrar el arma. Llevado a la audiencia de control correspondiente, la jueza Ana Laura Servent determinó la medida de coerción al existir los peligros de fuga y entorpecimiento.

Riesgos procesales

  La doctora Tolomei informó a los jueces que la calificación jurídica que pesa sobre el menor es homicidio agravado por la utilización de arma de fuego en concurso ideal con portación de arma de guerra. Agregó que el auto de elevación a juicio oral se concretó el 19 de febrero de 2014, programando luego la oficina judicial el debate recién para el 18 de agosto del presenta año, observándose ante esto gestiones por parte de la defensa tendientes a un adelantamiento de esa fecha, al tratarse de un menor detenido.

  Sin embargo, aún teniendo en cuenta la situación, el Ministerio Público Fiscal abogó por la continuidad de la medida, por subsistir los riesgos procesales. El entorpecimiento se pueda dar en la influencia sobre numerosos testigos, en tanto que existe peligro de fuga al tenerse en cuenta las características del hecho y la expectativa de la pena, si bien el menor de 17 años debería someterse en un principio a tratamiento tutelar, pero la misma sería de efectivo cumplimiento.

Defensa

  La defensora Romina Rowlands pidió la libertad de su defendido, aunque subsidiariamente ofreció como medida el arresto domiciliario, destacando su conducta y el sometimiento a las propuestas del centro de orientación socio educativo. Recalcó los derechos que asisten a quien es menor, amparado en una situación de niñez con normas, convenios y tratados internacionales. Completó ejemplificando que los dos hermanos, acusados en el mismo hecho como partícipes, tuvieron un voto de confianza por parte de los jueces, al resolver una morigeración con el arresto domiciliario.

Normas y actividades

  Mas enfático en resaltar los derechos del acusado menor de edad fue el asesor Pablo Rey, quien dió cuenta de un informe emitido por especialistas, refiriendo a la necesidad de buscar una alternativa a la situación procesal del involucrado en la causa. Explicó que mas allá de reconocer la gravedad del suceso y tratarse de un homicidio, se deben fortalecer los aspectos atinentes a los derechos humanos, y dentro de ellos, lo concerniente a la niñez y adolescencia.

   Como medidas concretas sugirió la posibilidad que su asesorado asista a talleres impuestos por el programa de libertad asistida, pormenorizando en uno de carpintería, pidiendo también su asistencia tres veces por semana a una escuela de la zona y exigiendo el abordaje sicológico específico para su problemática. Advirtió que de seguir con una medida coercitiva como la actual se estaría lejos del cumplimiento de la norma emitida en este aspecto.

El voto de dos jueces

  Al momento de la resolución, el juez César Zaratiegui manifestó que comprende la petición defensiva en cuanto al tiempo transcurrido para la sustanciación del juicio, pero estimó que desde el momento del hecho hasta la fecha fijada transcurrirán nueve meses, siendo que la fiscalía actuó con celeridad presentando la acusación cuando se cumplían algo mas de dos meses de investigación.

  Si bien se trata de un menor de edad, el magistrado dejó entrever que la gravedad  acerca de los sucedido impone pasar por un proceso de medida socio educativa, aunque mencionó un antecedente de caso similar,  donde la pena impuesta terminó con un cumplimiento efectivo de la misma, considerando que se da el peligro de fuga. Estimó además la existencia del riesgo de entorpecimiento, pudiendo interferir en la voluntad de testigos, mas a partir de la violencia demostrada, lo que puede reiterarse.

  Por otro lado, indicó que la educación se ve garantizada con la escuela existente dentro del Cose, al igual que ciertas actividades previstas en libertad asistida, mientras el abordaje sicológico puede hacerse en la medida que se vayan informando los pasos que deben seguirse sobre el particular. Por lo tanto, y aludiendo al artículo 408 inciso f, el doctor Zaratiegui votó por la persistencia de la prisión preventiva o detención especial por su carácter de menor.

  De la misma manera, y adhiriendo a lo votado por su antecesor, el juez Marcelo Nieto Di Biase consideró conveniente la permanencia del menor en el Cose mientras espera el juicio oral. Mas allá de argumentar sobre los riesgos procesales que se ciernen en este caso, expuso lo informado por la oficina judicial en relación a la imposibilidad de contar con jueces de otras jurisdicciones, para intentar un adelantamiento del debate, justificando la fecha programada hasta el momento para el mes de agosto.

   En consecuencia, por unanimidad se tomó la decisión sobre la prolongación de la medida de coerción del menor acusado de homicidio, mientras en la sala de audiencias seguían con atención las alternativas la madre de la víctima, junto a su marido, acompañados por integrantes del servicio de asistencia a la víctima del delito.