El fiscal Gustavo Núñez solicitó 3 años de prisión en suspenso para el escribano de Trelew, Pablo Fossatti, condenado por fraude y falsificación en la venta de terrenos del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS). La querella del ISSyS, por su parte, pidió 3 años y 6 meses de prisión efectiva.
El fiscal de Trelew, Gustavo Núñez, solicitó una pena de 3 años de prisión en suspenso para el escribano Pablo Fossatti, uno de los tres condenados en el caso por la venta fraudulenta de terrenos pertenecientes al Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) de la provincia de Chubut. En la misma causa, dos expolicías también fueron condenados, aunque la audiencia de cesura de pena solo tuvo lugar para Fossatti debido a que los otros dos involucrados, Juan Carlos Rossi y Nelson Quilaleo, tienen recursos legales en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El juez Marcelo Nieto Di Biase presidió la audiencia, en la que el fiscal destacó los agravantes de la conducta de Fossatti, quien fue hallado culpable de falsedad documental y fraude a la administración pública. Según el fiscal, la falsificación de un instrumento público y su impacto sobre la fe pública y la propiedad estatal representan un daño grave al patrimonio del ISSyS y a la confianza social en el sistema público. Además, se subrayó el hecho de que el ilícito se cometió en la propia escribanía de Fossatti, lo cual, de acuerdo con el fiscal, aumenta la gravedad del delito.
Como atenuante, Núñez mencionó la falta de antecedentes condenatorios del acusado, y por ello, solicitó que la pena sea de prisión en suspenso, junto con el cumplimiento de pautas de conducta. Por otro lado, la querella del ISSyS, representada por el abogado Mateo Rossio, enfatizó el perjuicio económico causado, estimado en 420 mil dólares, y solicitó una pena más severa de 3 años y 6 meses de prisión efectiva, además de la inhibición general de bienes y la notificación al Colegio de Escribanos.
El defensor de Fossatti, Luis López Salaberry, pidió la nulidad de la audiencia de cesura, argumentando que la causa aún está pendiente ante la Corte Suprema, lo que debería suspender cualquier decisión. Sin embargo, el juez Di Biase rechazó esta solicitud y anunció que su veredicto se dará en el plazo legal correspondiente.
Este caso es parte de una investigación más amplia sobre fraude y estafas cometidas en perjuicio de entidades públicas, que sigue generando repercusiones en la comunidad.