En una audiencia de control llevada adelante en sala de oficina judicial en horas de esta mañana, el Ministerio Público Fiscal representado por la procuradora de fiscalía Silvana Lagarrigue expuso sobre lo difícil del caso a investigar por los hechos ocurridos el 27 de septiembre cerca de las 21 en un sector del barrio Constitución de Trelew, donde fueron detenidas seis personas.

De acuerdo a lo relatado en aquellas circunstancias personal policial fue alertado de las detonaciones que se escuchaban provenientes del barrio, y cuando se acercaron las mismas eran mas numerosas y seguidas. Cuando se introdujeron en el pulmón del sector B pudieron ver entre seis y ocho individuos con vestimentas negras, con imposibilidad de identificar debido a la falta de iluminación, quienes efectuaban disparos hacia otro de los sectores donde presumiblemente se encontraba un grupo antagónico.

Como no acataban órdenes requiriendo que cesaran con los disparos y ante la gravedad y peligrosidad de la situación, un efectivo efectuó disparos al aire con arma antitumulto, y es allí cuando el grupo emprende la huída hacia una de las escaleras para ingresar a uno de los departamentos que estaba con su puerta abierta. Los policías que corrían detrás intentan entrar y lo hacen luego de rechazar la presión que desde adentro ejercían los perseguidos. Una vez en el interior pueden identificar a las personas, quienes intentaban desprenderse de elementos, mientras que en uno de los ambientes fue encontrada un arma calibre 22 la que fue secuestrada.

Posteriormente se precinta todo el ámbito donde ocurrieron los hechos y la actuación de la policía científica permite el secuestro de cuarenta y seis vainas de armas calibres 22 y 9 milímetros, como así también el hallazgo de otra arma de fuego. Cabe destacar que también fue requisado el sector donde se encontraba el otro grupo referido, que posiblemente haya sido protagonista del enfrentamiento.

Manifestó la procuradora de fiscalía que las detenciones se produjeron en flagrancia y se considera como un caso difícil y de gravedad, lo que pudo observar ya que ella misma se constituyó en el lugar a los pocos minutos y vió la exaltación y los nervios de los vecinos, como así también la presencia de niños en el sector.

Sin embargo, resaltó que ante la necesidad de cumplimentar el plazo de cuarenta y ocho horas que establece la ley para que los detenidos sean sometidos al respectivo control, se hace imposible por el momento efectuar imputación alguna sin contar con las evidencias necesarias, debido a que las tareas periciales necesitan mas tiempo de ejecución. Como ejemplo puso que se realizaron pruebas de dermonitrotest en cada uno de los detenidos, cuyos resultados podrían llegar a tenerse el viernes.

De esta manera y respondiendo a la objetividad necesaria, estimó que resultaba prematuro efectuar imputaciones, debiéndose determinar quien o quienes efectuaban disparos y otros parámetros de lo sucedido, acogiéndose al artículo 269 del código procesal penal, que fija quince días de plazo, durante los cuales se podrán requerir y obtener evidencias necesarias que permitan una apertura de investigación con su respectiva causa y las posibles imputaciones que pudieran corresponder.

Tanto los abogados Martín Castro y Rodrigo Miquelarena, que representaron a uno de los detenidos, como la defensora pública Romina Rowlands, ejerciendo legalmente a favor de otros cinco traídos a esta audiencia acordaron respecto a la decisión adoptada por la fiscalía, poniendo énfasis en la falta de existencia de un delito concreto, exponiendo sobre la razonabilidad de hacer lugar al artículo 269.

En consecuencia, la Jueza Carolina Marín, requirió a las seis personas la fijación de un domicilio para que sean enviadas las notificaciones que pudieran efectuarse en un futuro inmediato, de acuerdo a los requerimientos procesales que se pudieran iniciar, de acuerdo a las pericias que se vayan determinando, otorgando por el momento la libertad a los detenidos.