En la sala de audiencias de la oficina judicial, ubicada en el tercer piso de los tribunales en Trelew, se llevó adelante la audiencia mediante la cuál el Ministerio Público Fiscal procedió a comunicar la imputación por administración fraudulenta a cinco integrantes del directorio del ente societario, ellos son: José Evaristo Sandoval, José Luis Nahuelquin, José Chaquib Hamzé, José Eduardo Uzcudun, Daniel Corrieri y Norberto Moreno, sumándose entre los imputados a Norberto Moreno, quien habría participado en el accionar representando a una empresa domiciliada en Rawson.

Imputación

  La imputación, dada a conocer en la audiencia por el fiscal general Omar Rodríguez, quien estuvo acompañado por la doctora María Tolomei, indica que Sandoval, Nahuelquin y Hamzé, dispusieron el 11 de marzo de 2014, el pago de 1.210.000 pesos a una entidad denominada "Nuevo Horizonte S.R.L.", con falso domicilio en Buenos Aires, bajo el pretexto de "asesoramiento impositivo y de gestión sobre deuda ante organismo recaudador AFIP".

  El pago en cuestión se originó mediante la presentación de factura nro. 0001-00000486, recibida en la contduría a nombre del "Estudio Lavecchia y Asociados de Nuevo Horizonte SRL", la cuál fue adulterada mediante el cambio de denominación respecto del talonario original de facturación, siendo que el mismo había sido impreso a "Nuevo Horizonte SRL". Los tres integrantes de la cooperativa firmaron dos cheques por 300.000 pesos cada uno, otro por 310.000 pesos, todos del Banco del Chubut y un restante de Credicoop con un valor de 300.000 pesos.

  Los cheques referidos fueron entregados el 13 de marzo de 2014 por el entónces gerente de administración del consejo de la cooperativa, licenciado Daniel Corrieri, a Norberto Rodolfo Moreno, que si bien se identificó como apoderado de la empresa en cuestión, no poseía ni posee vinculación alguna con la firma de mención.

  De la misma manera, el relato del fiscal da a conocer la manera en que se procedió con otro cheque por un valor de 84.700 pesos, operándose en forma similar a la antes mencionada, y se informa que el 14 de marzo de 2014, los tres cheques del Banco del Chubut por un valor total de 910.000 pesos, fueron debitados de la cuenta correspondiente a la cooperativa eléctrica de consumo y vivienda limitada de Trelew.

  El cheque restante, entregado por Corrieri a Moreno el 2 de abril de este año, también firmado por Sandoval, Nahuelquin y Hamzé , fue endosado por otro supuesto integrante de "Nuevo Horizonte", Oscar Lillo como socio gerente - aunque ya no pertenecía a la firma-, y en segundo término por el apoderado de la empresa "Alvarado Recaudaciones S.RL.", quien lo depositó en una cuenta del Banco Nación, sucursal Plaza de Mayo de Buenos Aires.

  Mas adelante da a conocer detalles de un falso contrato de locación, mediante el cuál la empresa "Lavecchia y Asociados" ofrecía el asesoramiento, análisis y composición de la deuda total existente con la Afip, para gestionar ante el mencionado organismo a fin de lograr un acuerdo extrajudicial y de esa forma evitar la continuidad e inicio de nuevas acciones judiciales y penales. Este trabajo o asesoramiento contratado, en realidad nunca se produjo, según lo detallado por fiscalía.

  Esgrimiendo otra serie de detalles sobre el particular, el Ministerio Público Fiscal señaló en la audiencia que Sandoval, Nahuelquin y Hamzé, al igual que Corrieri y Uzcudún, sabían por tanto que la erogación por ellos ordenada, no estaba destinado al pago de servicios por asesoramiento, sino que tenía finalidad de procurar un beneficio indebido para sí o para un tercero. "No existió asesoramiento alguno para la refinanciación de la deuda de la cooperativa ante la Afip, por parte del Estudio Lavecchia y Asociados ni por la empresa de la industria pesquera Nuevo Horizonte S.R.L., ni tampoco existió persona alguna ajena a la cooperativa que hubiera realizado gestiones ante el organismo recaudador a los mismos fines", manifestó el fiscal Rodríguez.

  Sin perjuicio que la Afip otorgó una refinanciación de la deuda impositiva a la cooperativa, cuestión notificada el 10 de marzo de 2014, dicha refinanciación no tuvo vinculación alguna don una gestión o un asesoramiento externo a la deudora, sino que, por el contrario, esto se realizó en respuesta a los pedidos realizados por el propio contribuyente. De este modo, con su accionar, los encartados, en procura de un lucro indebido para sí o para terceros, violando deberes de sus cargos, ocasionaron un perjuicio a la cooperativa eléctrica por un monto de 1.294.700 pesos.

  Conforme a lo que surge de los hechos y circunstancias expuestas, el accionar de los imputados encuadraría "prima facie" en la figura de administración fraudulenta en la modalidad del delito continuado, reuniendo la calidad de coautores Sandoval, Nahuelquin, Hamzé y Corrieri, y por su parte Uzcudún y Moreno la de partícipes necesarios, artículos 173, inciso 7mo., 45 y 55 a contrario sensu, del Código Penal.

Apertura e inhibición

  Con estos elementos traídos por fiscalía, el Juez Darío Arguiano resolvió la apertura de la investigación, aunque la fiscal general María Tolomei introdujo la solicitud para que se proceda a la inhabilitación de bienes correspondientes a los imputados, dando cuenta de lo normado en el Código Procesal Penal en su artículo 237, con remisión al ordenamiento procesal civil, argumentando un riesgo de demora que llevaría a considerar en un futuro la insolvencia de los implicados.

  Esto generó la oposición de los defensores, entendiendo algunos por extemporáneo el pedido, entre otras razones, mas allá que la medida cautelar expuesta por la fiscal, sugirió que podría sustituirse por un ofrecimiento en conjunto de bienes que puedan cubrir el valor de lo presuntamente defraudado.

  Luego de varias exposiciones, el doctor Arguiano dijo que entendía desde la plataforma invocada por el Ministerio Público Fiscal la existencia de una verosimilitud respecto de los hechos ocurridos, siendo esto eventualmente punible. Respecto al pedido de inhibición expresó que todos los imputados deben ser solidarios entre sí, debiendo responder todos por un todo en forma patrimonial, acordando que todo el tiempo procesal podría abrir una expectativa de insolvencia hacia los involucrados: "la reparación social debe estar dada y los jueces deberían imponerla, aunque esto no ocurre frecuentemente, mas allá que existen normativas en tal sentido", dijo el magistrado.

  Sin embargo, y tras determinar la inhibición de bienes de los imputados, exigiendo la elevación de oficios a los correspondientes registros de inmuebles y automotores, comunicando esta medida, la fiscal Tolomei refirió que la medida debería extenderse a cuentas bancarias de los imputados, para evitar el movimiento de dinero, ante lo que el defensor Gabalachis solicitó la posibilidad de acordar entre los imputados presentar bienes como medida sustituva.

  Luego de un cuarto intermedio, el abogado Latorre, defensor de Uzcudún, señaló que se llevaba a los imputados a la muerte civil, dañando el sustento económico familiar, y el propio imputado presentó su particular situación. Si bien el Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Rodríguez  rechazó lo expuesto por la defensa, el doctor Arguiano revocó la ampliación, por lo que los seis imputados quedan inhibidos en forma general para cualquier gestión o comercialización de sus bienes muebles e inmuebles.

Defensas

   Cabe destacar que actuaron como defensores Gustavo Latorre, en representación de Eduardo Uzcudún, Fabián Gabalachis ejerciendo por José Hamzé y Daniel Corrieri, la doctora Gómez Lozano defendiendo a José Luis Nahuelquin y José Sandoval y Lisandro Benítez por Norberto Moreno.