Una nueva instancia se sumó a la causa en la que se investiga a un grupo de personas como presuntos integrantes de una asociación ilícita, con el fin de cometer diversos delitos, como abigeato y robo, perjudicando a varias familias del valle, que desde hace tiempo son víctimas de la situación generada por el accionar de quienes hoy se encuentran imputados, pero en libertad, a partir de la decisión adoptada en su momento por el juez Darío Arguiano, durante la audiencia de control respectiva.

  En efecto, el Ministerio Público Fiscal dió a conocer una serie de elementos probatorios, estableciendo la planificación, organización y forma de actuar de estas personas, solicitando se los mantenga en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación respectiva, ya bastante avanzada. Mario Rain, sindicado como el jefe de la banda, contó con la colaboración de René Arraigada, Daniel Figueroa, Ernesto Alejandro Roberts, Julio Otero, Tulio Daniel Casal, Miguel Angel Sánchez, y Juan Carlos Valenzuela, además de un menor y una mujer.

  Justamente, esta última, llamada Mariela Lefimi y concubina de Rain, no fue detenida en su momento debido a que se encontraba embarazada, por lo que fue traída a una audiencia para anoticiarla sobre la apertura de investigación, informándose los hechos denunciados hasta el momento en los que se encontraría involucrada.

  Fue así que el funcionario de fiscalía Gustavo Núñez dió a conocer que a través de las escuchas telefónicas pudo establecerse la participación de la mencionada en lo sucedido el 26 de junio, cuando fungió de soporte técnico, coordinando acciones al comunicarse con Rain y sus consortes de causa mientras éstos concurrían a una chacra, previamente controlada por quienes actuaban como delatores. La calificación impuesta es la de asociación ilícita en calidad de miembro, de acuerdo a los artículos 210 y 45 del Código Penal.

  Otro hecho tuvo lugar el 7 de noviembre de 2012 cuando Lefimi habría participado con un vehículo de apoyo en el robo ocurrido en una chacra, donde sustrajeron de la vivienda elementos como tales como una soldadora, un termotanque, batería, moladora, cafetera, cuchillos y grifería, entre otros, lo que se reafirma en días posteriores con otras comunicaciones donde se escucha a Lefimi ofrecerlos para su venta. La calificación legal es la de robo en poblado y en banda, en concurso real con asociación ilícita como partícipe necesaria, artículos 167, 210 y 45 del Código Penal.

  Mas adelante, el doctor Núñez refirió a un tercer hecho, ocurrido entre el 27 y 28 de septiembre de 2012, donde los imputados carnean un ternero de 400 kilos, robado en otra de las chacras cercanas a Gaiman, en la que también ingresan a la vivienda y se hacen de treinta mil pesos y ochocientos dólares. En las comunicaciones telefónicas surge como se reparten el dinero, con la activa actuación de Mariela Lefimi en esas circunstancias, por lo que se la imputa también por miembro de asociación ilícita.

  Destacó una vez mas el funcionario de fiscalía el accionar de este grupo de personas, que registran hechos perpetrados desde mediados de 2012, siendo investigados por la ley 23737 en el fuero federal, en el marco del operativo verano blanco, apareciendo en esos trámites las escuchas por las que se comenzó a trabajar en el desmembramiento de esta organización, que presuntamente comercializaba el ganado y todo lo robado, con el fin de adquirir droga, la que luego vendían en la zona. De esta manera, efectuaron un número de ilícitos aún no determinado, ya que existen casos no denunciados, adelantando que entre hoy y mañana el Ministerio Público Fiscal pedirá la apertura por otros siete sucesos en el marco de esta causa.

   La sustracción de ganado y el robo de viviendas fueron los principales delitos cometidos por estos individuos, con roles precisamente determinados para cada uno de ellos.

   La Jueza Patricia Asaro, subrogando al doctor Arguiano, procedió a dejar abierta la investigación sumando a todo el grupo como imputada a María Lefimi, por el término legal de seis meses. Debido a la decisión adoptada oportunamente por el juez natural de la causa, en la que se desestimaron los riesgos procesales para decidir alguna medida de coerción, la fiscalía se vió obligada a no solicitarla en esta oportunidad.

  La sala de audiencias, ubicada en el tercer piso de los tribunales, se encontraba colmada, en este caso con vecinos damnificados por los hechos denunciados, enterándose de los pasos que se van efectuando en relación a la causa, como así también de la suerte corrida por sus bienes.