La Jueza Carolina Marín tuvo en cuenta los elementos expuestos por el Ministerio Público Fiscal, representado por el funcionario de fiscalía Aldo Nizetich, para determinar la apertura de investigación y la prisión preventiva de una persona que fue detenida en flagrancia, tras la denuncia efectuada por la víctima, quien debió salir de su casa ante el riesgo de violencia, además de recibir amenazas por parte del imputado.

La audiencia de control de detención tuvo lugar en sala de oficina judicial el sábado en las últimas horas de la tarde, donde se informó que el hecho había ocurrido el 21 de octubre cerca de las 2,30 de la madrugada en una vivienda de un barrio de esta ciudad. Según lo comentado por el funcionario de fiscalía, la policía fue alertada de lo que estaba sucediendo y al acercarse se encontró con la mujer afuera de su casa señalando que el hombre había violentado las cerraduras de la puerta trasera y otros obstáculos para acceder y amenazarla junto a sus hijos menores. La policía detuvo al intruso, que resultó tener una prohibición de acercamiento dictada en el mes de agosto de 2022 y por el término de ciento ochenta días.

Hizo referencia el doctor Nizetich a los peligros procesales de fuga y entorpecimiento, teniendo en cuenta características graves y la expectativa de pena de efectivo cumplimiento, al indicar que ya tiene antecedentes con varias causas, en alguna de ellas contando una suspensión de juicio a prueba y declaraciones de rebeldía y captura, para solicitar la apertura de investigación y la prisión preventiva, al observar también la vulnerabilidad de la víctima. La calificación es por desobediencia, daño, violación de domicilio y coacción, todo en el marco de violencia de género de acuerdo a la Ley 26485.

Si bien el defensor Custodio Gómez no puso objeciones a la apertura, rechazó la posibilidad de medidas de coerción y el propio imputado justificó sus acciones expresando sus problemas con adicciones y necesidad de tratamiento. Lo cierto es que la Jueza Carolina Marín evaluó todo lo escuchado y decidió la apertura de investigación, además de sopesar los antecedentes y los riesgos para la víctima, resolviendo la prisión preventiva por el término de tres meses.