El juez Javier Allende escuchó los alegatos de la Fiscal General Jefe de la UFEAYDA Florencia Gómez y de los defensores Miguel Moyano y Pablo Sánchez

El 16 de diciembre de 2021, la ciudad de Rawson vivió una de las jornadas de mayor violencia social de la historia de la Provincia. Tras la sanción de la Ley de Zonificación Minera, un sector de manifestantes protagonizó graves disturbios en el centro de la capital provincial, con ataques a edificios públicos de los tres poderes del Estado, incendios intencionales, saqueos y enfrentamientos con la policía.

Mientras gran parte de la ciudadanía se manifestó de manera pacífica, otros grupos aprovecharon el desborde social y la falta de custodia policial para vandalizar bienes públicos, generar focos de fuego y sustraer objetos.
Según describió la Fiscal Florencia Gómez los acusados actuaron con pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos, “contaban con la referencia ejemplar de muchos otros ciudadanos que salieron a la calle para ser oídos, pero no para hacer daño”.
La conducta de los imputados estuvo motivada “exclusivamente por el desprecio por los bienes públicos y por la oportunidad única de sus impulsos destructivos”, lo que provocó daños irreparables a la comunidad en su conjunto.

Con este marco de violencia como antecedente, se desarrolló en Rawson la audiencia de cesura de pena en la causa conocida como Incendios.
La misma fue encabezada por el juez Javier Allende y contó con la participación de la fiscal Florencia Gómez, representando el Ministerio Público Fiscal y de los defensores Miguel Moyano y Pablo Sánchez.

En este tipo de instancias se define la pena aplicable a quienes ya fueron declarados culpables.
La Fiscal reiteró sus pedidos de condena, que van desde 1 año y 8 meses hasta 6 años de prisión, argumentando que no corresponde aplicar el mínimo legal debido a la gravedad de los daños provocados, el peligro generado por los incendios, la imposibilidad de recuperar bienes históricos y documentación sensible.
La Fiscal destacó el repudio social que generan este tipo de hechos, que atentan contra el orden social.

Las defensas, por su parte, solicitaron que se tengan en cuenta atenuantes para reducir las penas al mínimo penal punible.

El juez Allende dará a conocer su resolución en los próximos días.