El Superior Tribunal de Justicia del Chubut rechazó una resolución de la jueza de garantías Karina Breckle que había aplicado la figura de la “suspensión de juicio a prueba” en el proceso penal en el que se encuentra imputado el conductor de un automóvil imputado del delito de homicidio culposo agravado por provocar la muerte de dos hombres que se conducían en una motocicleta.

La propuesta de aplicación de esa figura legal mediante un ofrecimiento económico a las familias de las víctimas, había sido propuesta por la abogada defensora del imputado, Elian Alberto Saucedo. La procuradora fiscal Janet Davies se opuso y esta postura fue avalada por la sala penal del Superior Tribunal de Justicia.

El ofrecimiento de reparación, realizado a través de la defensora particular Gladys Olavarria, consistía en el pago de 200.000 pesos mensuales durante tres años a cada una de las dos familias de las dos víctimas. La jueza Breckle coincidió con la defensa, pero la procuradora de fiscalía Davies impugnó ante el Superior Tribunal de Justicia esa resolución. El máximo órgano de Justicia de la provincia le dio la razón a la representante de la Fiscalía de Rawson.

En su resolución, los jueces Camila Banfi Saavedra, Javier Raidan y Ricardo Napolitani, indicaron que “el ejercicio de la acción penal pública corresponde al Ministerio Público Fiscal. Por lo tanto, la decisión que suspende el proceso a prueba requiere el consentimiento previo y expreso del titular de aquella acción”, indica en alusión a la oposición manifestada por la procuradora Davies.

El accidente

A media tarde del 25 de noviembre del año 2023,  Saucedo conducía un vehículo Fiat Uno desde Rawson hacia Trelew. En sentido contrario y en una moto marca Corvent lo hacían las dos víctimas. Llevaban casco protector. En ambos sentidos se conducían varios vehículos en caravana a unos 60 kilómetros por hora. Según automovilistas testigos, el Fiat Uno se cruzó imprevistamente de carril y dio de frente contra la moto. Uno de los motociclistas, Alexis Rojas, perdió la vida en el acto y su acompañante, Cristian Ramos, falleció horas después.

Negativa de los familiares

El imputado Saucedo, a través de su defensora Olavarria ofreció el pago de 200.000 pesos mensuales durante tres años a cada una de las dos familias de las víctimas. Además, estuvo de acuerdo en que se lo inhabilite para conducir durante tres años y el cumplimiento de pautas de conducta.

Davies se opuso y planteó la necesidad de que el caso vaya a juicio oral y público, con una expectativa de pena de cinco años de prisión efectiva para Saucedo. Afirmó que “la gravedad de un hecho de esta naturaleza implica un interés social en su resolución”, que el accidente “causó un daño inconmensurable por la pérdida de las vidas de dos personas de mediana edad, con sus respectivas familias. Por eso hay que saber lo que ocurrió y que la sentencia sea un dictamen ejemplificador hacia la sociedad”.

Presentes en aquella audiencia, familiares de las dos víctimas expresaron su oposición a la reparación económica. Indicaron que lo ocurrido fue por “imprudencia” del conductor del vehículo, y que la pérdida de esas dos vidas humanas “nos cambió las vidas”.

Los argumentos de Davies

En su impugnación, la procuradora de fiscalía Janet Davies centró su argumentación en la gravedad del caso y la falta de conformidad de las víctimas. En este sentido destacó el rol del Ministerio Público Fiscal como “representante y titular de la acción penal y los intereses generales de la sociedad, en su carácter además de tutelar a las víctimas, puntualmente en este caso, a los familiares de los dos hombres fallecidos”.

Asimismo, destacó la posibilidad de realizar el juicio oral y público “para que las víctimas sepan en realidad lo que sucedió, con las pruebas, testimonios y pericias, independientemente de la pena que se pretende desde esta Fiscalía”.

-Producido por el Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Rawson.