La procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria Mónica Caveri, encabezaron un allanamiento en la vivienda que habitaba un grupo familiar en condiciones que alertaron a sus vecinos. Durante el allanamiento la procuradora de fiscalía solicitó una ampliación al juez y dispuso la detención de un hombre de 71 años imputado por el presunto encierro prolongado de su pareja e hijos.
La investigación, encuadrado provisionalmente bajo las figuras penales de abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad, busca esclarecer los hechos que habrían afectado de manera directa la salud psicofísica, la libertad de circulación y los derechos fundamentales de las víctimas.
Breve cronología de los hechos
Denuncias y alertas comunitarias (10 de octubre): La intervención institucional comenzó tras la denuncia formal presentada por vecinos del sector, quienes manifestaron su preocupación por el aislamiento extremo del inmueble, la falta de contacto social de los menores, entre otras cosas.
Diagnóstico de riesgo (20 de octubre): Tras reiterados intentos infructuosos de la Policía Comunitaria por tomar contacto con la familia, intervino el Servicio de Protección de Derechos, el Equipo Técnico Interdisciplinario - ETI. Ante la negativa del adulto a permitir el ingreso, los profesionales elaboraron un informe de riesgo urgente en el que advirtieron sobre la vulnerabilidad extrema de los integrantes del hogar.
Allanamiento, rescate y detención (22 de octubre): Frente a este escenario, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden judicial para inspeccionar la vivienda. Durante el operativo desplegado por fuerzas de seguridad y equipos médicos, se escucharon pedidos de auxilio desde el interior, lo que derivó en la irrupción al domicilio. En el lugar, las autoridades encontraron a los integrantes de la familia confinados en diferentes sectores de la casa y procedieron a la detención del acusado.
Contención integral y resguardo de la intimidad
Tras el procedimiento, los órganos judiciales y de salud activaron los protocolos de contención y asistencia médica y psicológica para el grupo familiar:
Tratamiento periodístico responsable: En cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y las recomendaciones internacionales sobre el tratamiento de la salud mental en medios de comunicación, se resguarda de forma absoluta la identidad, imágenes y datos que permitan la localización de las víctimas de este caso.
Es prioritario garantizar su derecho a la intimidad y evitar la revictimización mientras avanzan las actuaciones de los equipos profesionales para la restitución plena de sus derechos.
Actualmente, las personas asistidas reciben acompañamiento profesional para evaluar el grado de afectación provocado por la situación vivida.
En tanto, el avance de la investigación penal permitirá determinar la dimensión de lo acontecido, la Fiscalía requerirá en audiencia las medidas que considere necesarias para evitar el entorpecimiento procesal y garantizar el normal desarrollo de la investigación.
