Así fue dispuesto, que el próximo jueves 29 de mayo, a las 10:00 horas, se realizará la audiencia para revisar el fallo que dictó responsabilidad penal por primera vez en Chubut a personas que cobraban un sueldo del Estado sin cumplir funciones.

La Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew celebrará una audiencia el jueves 29 de mayo a las 10:00 horas para revisar el fallo dictado en la causa conocida como Ñoquis Calientes. En este proceso intervendrá un nuevo tribunal, que evaluará la decisión tomada por tres jueces conforme al material probatorio y la acusación presentada por el fiscal Omar Rodríguez.

La sentencia de primera instancia representó un precedente judicial en la provincia del Chubut, ya que no existen antecedentes de una condena por hechos similares: personas que percibían sueldos estatales sin cumplir funciones efectivas. La resolución se dictó luego de un extenso proceso judicial que concluyó con un veredicto condenatorio.

El fallo fue destacado como relevante para futuros casos, al establecer un marco de prevención ante situaciones similares. La sentencia se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por la provincia en la lucha contra la corrupción, y se suma a otras condenas impulsadas por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE DAP), a cargo del fiscal Rodríguez.

En la resolución, el tribunal –integrado por los jueces Carlos Richieri, José Ennis y Marcela Pérez Bogado– hizo referencia a la importancia de respetar la normativa internacional y la ley de ética pública en los casos de corrupción, y subrayó que tales conductas no deben ser toleradas bajo ningún aspecto.

Desde la UFE DAP se informó que se continuará trabajando con el máximo compromiso dentro del marco legal y en cumplimiento de las obligaciones internacionales, bajo una política de cero tolerancia a la corrupción. La función pública debe ser transparente y no utilizada para obtener beneficios personales, y una justicia imparcial es clave para construir una sociedad más justa.

Cabe recordar que una ex funcionaria fue hallada culpable en cuatro hechos del delito de fraude a la administración pública y tres hechos del delito de exacciones ilegales. Este último cargo significa el pedido indebido de parte del sueldo a sus asesores. Para la Justicia quedó acreditado que esta maniobra se la realizó al denunciante del caso

Los delitos investigados fueron por proponer el nombramiento de funcionarios públicos, una persona en la Legislatura y luego tres en el Ministerio, sin que exista contraprestación laboral alguna.

Por lo tanto, se condenó a  Torres Otarola por pedirles a sus asesores legislativos que le depositen la mitad del sueldo acción que coordinaba y ejecutaba Cañumil.

Además de Cañumil, también fueron declarados culpables de defraudar a la administración pública, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera y Reto Trelles, todos con domicilio en Buenos Aires. La primera como Directora General y los otros dos como directores en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia. Los jueces destacaron que estas maniobras también quedaron acreditadas por los testimonios de empleados de planta permanente que debieron realizar tareas que no efectuaba los contratados por Torres Otarola.