El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, expresan su profunda preocupación por la sanción de una Ley que modifica las reglas y procedimientos de enjuiciamiento de magistrados de la Provincia de Chubut.

Un país se asienta sobre pilares estructurales cuya conmoción coloca en crisis al sistema republicano. La independencia del Poder Judicial y la inamovilidad de sus magistrados, se erigen en dos columnas que repercuten directamente sobre la garantía de los derechos de los ciudadanos.

La afectación de estos principios a través de una Ley que modifica la esencia del enjuiciamiento de los magistrados, alejando al Ministerio Público Fiscal de su función acusadora en dicho proceso para depositarla en un órgano cuya natural competencia funcional escapa a este cometido, importa una alteración de umbrales básicos que pone en crisis la inamovilidad y la estabilidad de los magistrados.  

Mayor aun es la preocupación cuando las repercusiones de la sanción hacen referencia al motivo de la modificación, ubicándolo en propósitos extrajurídicos.

Las modificaciones implementadas en el nuevo texto legal,  conculcan derechos y principios elementales al desnaturalizar la función acusadora y cercenar el derecho al recurso establecido constitucional y convencionalmente.

Albergamos la esperanza de que finalmente no se concrete la promulgación de esta norma, que alejaría a la Provincia de Chubut del rumbo democrático y republicano que la caracterizó a través de los años.