Pasado el mediodía del martes se concretó en sede de los tribunales del barrio Roca la audiencia solicitada por la fiscal de ampliación de la apertura de investigación respecto de los imputados integrantes de la Secretaría de Seguridad Municipal: Antonio Zúñiga, Andrés Juvenal Velázquez y Víctor Barrientos. La fiscal se refirió a la ampliación requerida por el tribunal revisor, más el agregado de elementos probatorios de dos legajos por cohecho y un legajo remitido por incompetencia del Juzgado Federal que desestima la trata de personas en locales cabaret y remite a la fiscalía para que investigue la promoción y facilitación de la prostitución. Calificando el hecho como “exacciones ilegales agravadas en modalidad de delito continuado en concurso real con incumplimiento de deberes de funcionario público por omisión”, en calidad de coautores para Zúñiga y Velázquez; y de partícipe secundario para Barrientos.
Presidió el acto Daniela Arcuri, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general y Cristian Ovalle, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa de los tres imputados Zúñiga, Velázquez y Barrientos, fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado particular de los mismos.
En primer lugar la fiscal Banfi aseguró que surge de la investigación que Zúñiga desde febrero de 2013 a diciembre de 2016 en Comodoro ejecutó actos administrativos infringiendo la Ley de profilaxis. Luego de la creación de la Secretaría de Seguridad municipal que le imponía la Ley de profilaxis, Zuñiga con su actuar favoreció dicha actividad, facilitando libretas sanitarias a mujeres para ejercer la prostitución de manera encubierta. “Blanqueaba, mujeres para que ejerzan la prostitución en horario nocturno”, como también asesoró, omitió controlar y no solicitó habilitación en lugares donde se ejercía la prostitución, aseguró la fiscal.
En segundo lugar la fiscal pudo establecer que desde febrero de 2013 a diciembre de 2016 los tres imputados Zúñiga, Velázquez y Barrientos, funcionarios público pertenecientes a la Secretaría de Seguridad, valiéndose de su condición de ser la autoridad de aplicación exigieron dinero a dueños de Cabarets, percibiendo dicho dinero en concepto de permitir el trabajo en dichos comercios. Exigían dinero para omitir controles. Testigos relatan que dos ciudadanas dominicanas se hacen presentes un día en la Secretaría de Seguridad municipal con una bolsa de papel madera, que venían a dejar a Zúñiga y Velázquez “ya que nadie había pasado a buscar lo que recaudaban semanalmente”. También se canalizaban a través de favores personales. Estos últimos junto al Comisario Pulley acordaron que el VIP que funcionaba en la calle Francia al 510 no se controlaría.
En la misma fecha en la que el Juzgado federal investigaba los locales comerciales Bagatel, Belgrano I y II y Zulu, la Secretaría de Seguridad emitía una nota que “estaba todo normal, que no había ninguna novedad”.
Por su parte el defensor sostuvo que era un abuso querer proponer otros seis meses de investigación por una nueva medida. Consintiendo la solicitud de prórroga de la fiscal, “ya que mis defendidos también pueden beneficiarse con ello”. Puede darse la circunstancia que algún elemento de prueba nuevo favorezca a mis defendidos, sostuvo. El defensor sostuvo que no toda inacción constituye una omisión y que esa nota que refiere la fiscal que decían que no había nada para informar, eran porque no querían entorpecer la investigación federal, aseguró.
Finalmente la jueza dio por ampliado el objeto procesal, dando por anoticiados a los imputados del mismo, su calificación legal y por asegurada su defensa técnica. Respecto a la audiencia de prórroga del plazo de investigación se realizará mañana miércoles a las 13.30 hs.
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