En Comodoro Rivadavia
Apertura de la investigación y dos detenidos por portación ilegal de armas
La jueza de garantías de Comodoro Rivadavia Daniela Arcuri avaló la postura del Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal general Héctor Iturrioz y dispuso la prisión preventiva para dos hombres por portación ilegal de armas tras haber sido detenidos por la policía el lunes pasado en medio de acciones preventivas que se realizaban en los barrios Pueyrredón y 30 de Octubre.
Cabe destacar que para este tipo de delitos existen expresas instrucciones del procurador general Jorge Miquelarena a todos los fiscales de la provincia para que en el marco de la aplicación del Código Procesal Penal del Chubut, arbitren todas las medidas para que endurezcan sus posiciones evitando la aplicación de medidas substitutivas.
Los individuos detenidos fueron tres e intentaron fugar ante la presencia policial. Uno recuperó la libertad aunque sigue sometido a proceso. Los otros dos, con cuentas pendientes ante la justicia, quedaron detenidos.
En la audiencia, el fiscal general Iturrioz describió cómo se produjeron los hechos de intento de fuga y el procedimiento policial que terminó con la detención de los tres individuos. El incidente se produjo al caer la tarde en el Sector 2 del barrio 30 de Octubre de Comodoro Rivadavia, luego de que un policía observara a uno de los ocupantes del VW Gol mientras manipulaba un arma. Luego fue identificado como Ramiro Soto. El vehículo era conducido por Carlos Levié y en el espacio trasero viajaba Héctor Bórquez.
Imputación
En ese marco el acusador público pidió que se declare legal la detención y que se formalice la apertura de investigación por el delito de portación de arma de guerra para y de uso civil sin la debida autorización legal.
En la audiencia de control de detenidos y apertura de la investigación, el fiscal general Iturrioz destacó que tanto Bórquez como Soto tienen carpetas en trámite por hechos graves y la última los tiene como protagonistas de un robo agravado por uso de arma de fuego, en el cual reconoció que la Fiscalía no pidió la prisión preventiva y, en ese caso -ocurrido el 7 de diciembre- se resolvió la aplicación de una medida sustitutiva como lo son las presentaciones de manera quincenal, las cuales no se cumplieron.
En ese sentido el acusador público se refirió al comportamiento en procesos anteriores y teniendo en cuenta que la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo, pidió que se dicte la prisión preventiva por tres meses y el mismo plazo requirió para investigar.
El conductor Levié afirmó en la audiencia que que solo conoce al padre de uno de los que lo acompañaban y que éste le envió un mensaje citándolo en el lugar. "Yo estaba trabajando, fui a ver qué necesitaba y no sabía que tenían armas", sostuvo. Por decisión de la jueza de garantías recuperó la libertad. Los otros dos quedaron con prisión preventiva por reiteración delictiva.
Libertad para el conductor
Tras la declaración, el fiscal cambió respecto a la medida de coerción para Levié y la mantuvo respecto a los otros dos coimputados, aunque pidió el secuestro de los teléfonos para chequear la existencia del mensaje de texto.
A su turno, la defensa de Soto y Bórquez se opuso al dictado de una medida de prisión, pero no cuestionó la legalidad de la detención, ni el relato del hecho. Solicitó así la libertad de sus representados o en forma subsidiaria, medidas sustitutivas de la prisión preventiva.
Tras escuchar a las partes la juez resolvió formalizar la apertura de la investigación, ordenó la libertad de Levié y dictó la prisión preventiva de Soto, por el término de tres meses, mientras que la de Bórquez fue por 30 días. La diferencia entre ambas radica en el tipo de arma que portaban: una es de guerra y la otra de uso civil, las cuales tienen pena distintas. En los dos casos valoró la reiteración delictiva.
La audiencia de control de detención y apertura de la investigación se llevó a cabo el martes pasado en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y fue presidida por la juez penal, Daniela Alejandra Arcuri. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general, Héctor Iturrioz y el funcionario Cristian Olazábal. Los imputados, en tanto, fueron asistidos por la defensora pública María Cristina Sadino, en el caso de Levié y María de los Angeles Garro en el caso de Soto y Bórquez.
Las instrucciones de Miquelarena
El procurador general del Chubut Jorge Miquelarena dio expresas instrucciones a todos los fiscales del Chubut para que endurezcan sus posiciones respecto de los individuos detenidos portando armas de manera ilegal. La medida tiene como objetivo el de llevar a juicio a quienes sean detenidos portando ilegalmente armas de fuego evitando así la aplicación de medidas alternativas judiciales que favorezcan sus situaciones.
La medida será aplicable cuando se den las condiciones para aplicar el artículo 189 bis del Código Penal y para los casos cuya pena en abstracto superen los tres años de prisión. Según indica la resolución “la aplicación de soluciones alternativas se relaciona con la idea de evitar castigos innecesarios en los casos de baja lesividad, no siendo eficaz para el tratamiento de la difícil, grave y extendida problemática de la delincuencia armada”.
Entre los argumentos más salientes se destaca que “la tenencia y portación ilegal de armas de fuego” es una conducta previa “a la comisión de delitos aún más graves como los homicidios, abuso de armas, robo con armas, etcétera dado el alto poder vulnerante e intimidatorio de las mismas”.
Agrega además que en los últimos años “la importante proliferación de armas de fuego ilegales ha incrementado sensiblemente los delitos producidos con extrema violencia afectando los bienes jurídicos más importantes poniendo en vilo la seguridad pública y la paz social”.
-Producido por el Area Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, oficina Rawson, cel. 154303343
