Audiencia de apertura de investigación por homicidio culposo y lesiones graves

En horas de la mañana de este lunes se desarrolló en sede de los tribunales penales ordinarios la audiencia de apertura de investigación por un hecho acontecido el pasado 27 de agosto de 2015, en la planta “La petisa”, yacimiento “El tordillo” de Tecpetrol, que tiene como víctima fatal a Cristian Gutiérrez. La fiscal solicitó se les formalice el hecho a los cuatro imputados presentes Andrea Gutiérrez, Diego Pérez, Carlos Paredes y Roberto Moreno en base al delito de “homicidio culposo y lesiones graves culposas, tres hechos en concurso real, en calidad de coautores”. Asimismo se trató la pretendida constitución de querellante de parte de la viuda de Gutiérrez, Elsa Fernández, y otras dos víctimas José Guinao y Villarroel.

Presidió el acto Raquel Tassello, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hicieron presentes Cecilia Codina, fiscal general y Verona Dagotto, funcionaria de fiscalía. Norma Leiva actuó como defensora de Paredes; en tanto que Guillermo Iglesias y Conte Grand asistieron al resto de los imputados, Gutiérrez, Pèrez y Moreno, encontrándose ausente Gustavo Sendra a quién se le formalizará en breve. Como pretensos querellantes actuaron Alejandro Fuentes y Verónica Palacios.

La fiscal se refirió brevemente al hecho investigado cuando el pasado 27 de agosto de 2015, siendo las 9.30 hs. en el yacimiento “El Tordillo”, la planta “La Petisa” de la operadora Tecpetrol. Allí se inicia una maniobra para reemplazar caños, con línea de talud con signos de corrosión por pérdidas. En dicha tarea trabajaban empleados de la empresa Justo Otero e Hijos con un equipo de soldadores y una cuadrilla de enrosque, entre los cuales se encontraban Cristian Gutiérrez, José Guinao y Villarroel. El encargado de seguridad del lugar debía observar, como deber a su cargo, y evitar cualquier tipo de riesgo en la maniobra. Así los imputados omitieron observar los deberes a su cargo ya que por un desperfecto, la válvula exclusa no cerrada, ingresó petróleo hidratado mientras se desarrollaba la soldadura. Produciéndose una deflagración como consecuencia de dicha negligencia, la muerte de Cristian Gutiérrez y lesiones graves en Guinao y Villarroel, que pusieron en riesgo su vida.

Encuadrando jurídicamente el hecho como “homicidio culposo y lesiones graves culposas, tres hechos en concurso real, en calidad de coautores” para Andrea Gutiérrez, Diego Pérez, Carlos Paredes y Roberto Moreno. Finalmente solicitó el plazo de ley, seis meses para concluir con la investigación.

Por su parte uno de los imputados, Pérez, ejerció su derecho a declarar recordando que la tarea de reemplazo de la cañería estaba consensuada con mi jefe y también aprobado por las áreas de obras y producción de Tecpetrol que decidieron detener parte del bombeo y no todo. El trabajo implicaba el parado de la planta y no lo quisieron hacer, sino que disminuyeron el caudal del petróleo circulante. Recordó que en la Orden de trabajo indicaba no colocar placas de cegado. Si la válvula hubiese funcionado en forma correcta no hubiese sucedido el accidente. Antes de empezar a soldar se hicieron todas las mediciones y daban negativo recordó, es decir no había un ambiente explosivo y todos los tanques estaban por debajo del nivel de rebalse. El operador de planta estaba en tema sobre que los tanques no debían rebalsar y que se iba a trabajar sobre la cañería de tanques de rebalse. La válvula abierta no debió haber estado así, como también todas las baterías estuvieron funcionando normalmente, es decir no bajaron su nivel al mínimo, como debían hacerlo por la maniobra en curso. A su entender el accidente se produce porque el resto de los sectores no hizo el trabajo que debía realizar, concluyó Pérez.

Iglesias por su parte refirió que en el relato del hecho existe una “confusión entre la causalidad y la autoría; como también que hay que revisar los grados de responsabilidad en el hecho como los gerentes u otros estamentos de decisión”. El resultado fue producto de un hecho fortuito que no fue posible controlar por sus defendidos, aseguró el defensor. Por su parte la defensora de Paredes sostuvo que “no eran decisiones exclusivas de él, sino que había intereses superiores para no parar la planta”.

Seguidamente se trató la constitución d querellante presentándose un poder general y no especial como el requerido. La defensa se opuso ya que no presentan poder especial.

Por último la jueza penal resolvió declarar abierta la investigación fiscal del caso, dando por anoticiado a los cuatro imputados, Andrea Gutiérrez, Diego Pérez, Carlos Paredes y Roberto Moreno, del hecho que se investiga en su contra y por asegurada su defensa técnica. Estableciendo el plazo de seis meses de investigación. Respecto de los pretendidos querellantes no cumplen los requisitos ya que el poder emplea una terminología confusa, no cumple con la formalidad que exige la ley; por ahora Guinao y Villarroel, presentes en la sala, podrán actuar con el patrocinio letrado de Palacios y Fuentes. Ello hasta que se reformule el poder ante Escribano.