Audiencia de control de acusación fiscal por portación de arma de uso civil De esta forma resolvió el juez penal luego de concluida la audiencia en sede de los tribunales por el hecho ocurrido el pasado 13 de agosto de 2010 cuando el imputado es demorado por averiguación de antecedentes y portaba un revolver de uso civil con seis proyectiles. La suspensión del proceso fue otorgada por el plazo de un año, aceptándose la reparación económica ofrecida, e imponiéndosele al imputado, Daniel Vera, reglas de conducta como presentarse ante el Cuerpo de Delegados de Control y no cometer nuevos delitos. Presidió el acto, José Rago, juez penal, por el Ministerio Público Fiscal, asistió María Laura Blanco, funcionaria, en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Carlos Coronado, defensor particular. El hecho investigado aconteció el pasado 13 de agosto, cuando el imputado circulaba conduciendo un automotor por el barrio Roca, sin patente identificatoria. Momento en que es demorado en la Seccional 3° por averiguación de antecedentes, cuando se le realiza la requisa personal, se encuentra entre sus ropas un revolver, calibre 32 largo, con seis alvéolos y cartuchos en su interior. La calificación del hecho en la acusación es de “portación de arma de uso civil”, estimándose una pena de un año de prisión, en caso de ser encontrado culpable. Por su parte el defensor solicitó la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba ya que su defendido no tiene antecedentes penales, ofreciendo una reparación económica a favor del Estado provincial, solicitando se le apliquen reglas de conducta como fijar domicilio y presentaciones periódicas ante el Cuerpo de Delegados de Control. Por su parte la funcionaria de fiscalía, ratificó la acusación y a la vez prestó conformidad a lo solicitado por la defensa ya que se encuentran dados los requisitos establecidos por ley para la suspensión. Resaltando que el imputado no posee antecedentes penales ni causas en trámite y que en caso de recaer condena la misma sería en suspenso. Finalmente el juez resolvió otorgar la suspensión de juicio a prueba, solicitada por la defensa y consentida por el fiscal,  por el término de un año, considerando razonable el monto económico ofrecido como reparación del daño, basando su resolución en las características del hecho, un “delito de peligro” que no ocasionó daños ni lesiones a terceras personas.