El ex presidente y el ex tesorero de la Cooperativa Eléctrica de Corcovado fueron imputados del delito de Defraudación por Administración Fraudulenta agravada, presuntamente cometido contra la entidad. Según los primeros elementos de la investigación Fiscal, tal defraudación rondaría los $800 mil. La Dra. Fernanda Révori anticipó que concluir la investigación le demandaría aproximadamente seis meses por tratarse de una causa compleja.

La audiencia de formalización de la investigación se realizó el pasado martes en los Tribunales de Esquel, en ella la representante del Ministerio Público Fiscal indicó que la investigación se inició por una denuncia presentada por el actual presidente de la entidad cooperativa.

Los hechos

Las defraudaciones se habrían producido entre enero de 2005 y octubre de 2007. Los entonces presidente y tesorero del Consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión Servicios Eléctricos y otros Servicios Públicos Ltda. de la localidad de Corcovado, habrían omitido la aplicación de los fondos transferidos por la Dirección General de Servicios Públicos de la Provincia, durante ese período, en concepto de aportes del Fondo creado por Ley Provincial Nº 1098, destinados a cubrir los sobrecostos de generación y/o distribución de energía eléctrica, liquidados y efectivamente depositados en la cuenta bancaria que la entidad posee en el Banco de la Provincia del Chubut S.A. Cta. Corriente Nº 12229. Además, según la imputación, habrían omitido la realización regular de la documentación administrativa, contable y asamblearia exigida por ley, impidiendo el debido control y fiscalización adecuada de la gestión, confección de los estados contables, elaboración de declaraciones juradas y demás documentación que la Cooperativa obligatoriamente debía presentar ante los entes de fiscalización y de recaudación. La Fiscal resaltó que “todo ello (se hizo) a sabiendas de que tenían a su cargo la administración de intereses pecuniarios ajenos, logrando de tal modo y para ellos, un lucro indebido y un perjuicio económico – financiero a la entidad cooperativa administrada, integrado por el pasivo estimado a la fecha del traspaso de autoridades en el mes de octubre de 2007, el que ascendería a la suma de pesos ochocientos mil ($ 800.000) aproximadamente, accionar que afectó además su normal desenvolvimiento”.

El plazo

Luego de una oposición de la Defensa, a cargo del Dr. Javier Allende, al otorgamiento del plazo legal de seis meses para completar la investigación, por considerar que ya esta se encuentra avanzada y precisaría solo de un mes mas, la Juez Nelly García entendió que no puede desde su competencia inmiscuirse en las consideraciones que realice la Fiscalía sobre el tiempo precisado para completar la investigación que tiene a cargo, en tanto ese plazo esté habilitado por la ley. De este modo, el Ministerio Público contará con seis meses mas para completar la investigación y presentar la acusación pública.