El viernes último, la Fiscalía concretó la formalización de la investigación, respecto de un hecho ocurrido en El Hoyo en marzo de este año. Tres personas resultaron imputadas por el delito de Impedimento o Estorbo de un Acto Funcional. Según el relato Fiscal, el hecho ocurrió en El Hoyo, entre el 26 y el 28 de marzo de este año. Personal municipal, bajo las directivas del Intendente de la localidad, abrieron el alambrado que delimita el predio de una familia con el camino que conduce al desemboque del río Epuyén, luego de pasar el puente existente en el lugar. Esto se llevó a cabo para dar cumplimiento a las resoluciones del HCD y DEM, que dispusieron la realización del camino al paraje el Turbio. Las actuales poseedoras ordenaron la construcción de un nuevo alambrado, mientras la máquina municipal se hallaba aun trabajando dentro del predio, esto impidió que otras maquinarias pudieran ingresar, además impedir también que fuera retirada la máquina que quedó dentro del límite, la que tuvo que ser retirada vadeando el río. Para el Fiscal, este accionar impidió dolosamente, o al menos estorbó, el desarrollo “del acto propio de las funciones que corresponden al Departamento Ejecutivo Municipal”. La historia del conflicto En los considerandos del pedido de apertura de la investigación presentado por la Fiscalía, se hace referencia al historial de ese camino y de la propiedad que este debía atravesar. Allí se menciona que al momento de ratificarse la adjudicación de las tierras a las hoy imputadas, se hacía mención a que habría que determinar la traza del futuro camino vecinal al paraje El Turbio. Previo a la traza de este camino, había una huella empleada por otros vecinos para llegar a sus propiedades. En el lugar había una tranquera con candado, del que todos ellos tenían llave. Con posterioridad, esos vecinos se vieron imposibilitados de atravesar esa propiedad, y para llegar a las propias debían vadear el río con la autorización de los vecinos de la otra margen. Contemplando este inconveniente, el Concejo Deliberante de la localidad había decidido, mediante una ordenanza, cambiar la traza del camino proyectado, por una nueva que va desde la salida del puente del Desemboque hasta la ocupación de la familia que había quedado virtualmente aislada, para luego continuar por el faldeo. Esta nueva ordenanza encargaba al Departamento Ejecutivo Municipal la realización del camino y dejar el lugar transitable hasta tanto se cumplieran con las obras definitivas. El 4 de febrero, el Ejecutivo firmó un convenio con las familias de la margen izquierda del río Epuyén, en el que el municipio se comprometió a ejecutar el camino. Al día siguiente el intendente firmó una resolución en relación a la concreción de un camino de ribera por la margen izquierda del río y solicitar a Vialidad Provincial el apoyo para realizarlo. El 6 del mismo mes, el HCD sanciona una resolución dando el aval formal al convenio celebrado entre el intendente y los vecinos. Las imputadas no tomaron intervención en el convenio celebrado entre el municipio y los vecinos, pero se les informó que le Municipio a través de Vialidad Provincial estaba realizando trabajos viales en el sector de rivera del Río Epuyén y la necesidad de la apertura del alambre ubicado en el sector que comunica con la salida del puente. En esa notificación se les informó que si no colaboraban, el corrimiento del alambrado se haría por personal municipal. La traza se realizó hasta el límite del alambrado y como este no fue removido, el 26 de marzo a las 14:45 hs, el personal que realizaba los trabajos, junto con personal policial, el secretario de gobierno y cuatro concejales y empleados municipales realizaron el corte del alambrado que obstaculizaba la habilitación del callejón. Entonces continuaron con los trabajos propios del trazado. Esto llevó a que, las hoy imputadas, presentaran una denuncia por abuso de autoridad y daño, que también investiga la Fiscalía.Luego de esto las personas hoy imputadas realizaron un nuevo alambrado, dejando una máquina municipal dentro del cercado.