El viernes alegaron las partes. La Fiscalía planteó a la juez que existía en la relación entre el imputado y la víctima, una relación jerarquizada en la que medió violencia de género. El defensor sostuvo que no se dieron los elementos de la violencia de género, sino que existieron conflictos como en cualquier pareja. El próximo viernes a las 9 hs. la juez Anabel Rodríguez dará a conocer la sentencia.
María Bottini consideró probado su caso a lo largo del debate. Resaltó que existía una relación jerarquizada de poder entre Omar Darío Díaz y la víctima, en la que él ejercía su poder mediante distintos tipos de violencia, tanto física como psicológica. Para la acusación se probó la existencia de privación ilegal de la libertad mediante los testimonios, también las desobediencias a órdenes judiciales, así como la totalidad de los hechos por los que fue acusado. Bottini indicó que la defensa buscó a lo largo del debate minimizar los hechos por los que el imputado fue traído a debate, justificando lo sucedido. “Es una cuestión ideológica totalmente reñida con los tratados internacionales que rigen la materia, que lejos de eso, obligan al Estado a debida diligencia para sancionar y erradicar la violencia de género”, dijo.
La acusadora citó al Dr. Pablo López Viñals, planteando que la desactivación de la violencia de género debe buscarse por todos los medios, incluido el derecho penal y que las penas condicionales y efectivas deben ser utilizadas para aplicar programas de desactivación de las conductas violentas. “Lejos estamos de minimizar este tipo de conductas o dejar fuera del derecho penal estas conductas cuando constituyen delito”, aclaró. También hizo referencia a la amplitud probatoria, teniendo en cuenta las características de estos hechos, el lugar dónde ocurren, normalmente en un ámbito donde los únicos testigos suelen ser los hijos.
La fiscal se refirió a múltiples desobediencias, a una relación desigual en la que se daban situaciones violentas que ella perdonaba y volvía. Los informes psicológicos dan cuenta de un cuadro de stress postraumático.
Bottini analizó puntillosamente la prueba producida en el debate en relación a los hechos calificados como privación ilegal de la libertad, amenazas, lesiones leves, tenencia ilegal de arma de fuego y lesiones graves agravadas por ser la víctima un policía en cumplimiento de su deber.
Alegó que el planteo de la defensa se basa en estereotipos de género, en los que la víctima tiene que ser sumisa y si se animó a denunciar o si alguna vez se desvió de algún modo del estereotipo “ya no es tan víctima”. “El único permiso del ordenamiento jurídico para lesionar a una persona es la legítima defensa, cualquier otra situación no tiene justificación alguna”, remarcó.
El planteo de la defensa
El defensor particular Horacio Hernández reconoció la especialización de la fiscal en violencia de género, pero sostuvo que se está “metiendo a todos en la misma bolsa”. También resaltó que cual sea la resolución del caso, nadie estará conforme, que la intervención judicial llegó muy lejos y que ya produjo un daño. Cuestionó la perspectiva de todos los operadores que intervinieron, indicando que hay una “tendencia”, que existe presión social y que esta conduce a exageraciones. “Voy a apelar al sentido común que indica que muchos de estos agentes inmersos en esta nueva tendencia se han salido del eje”, dijo Hernández. “Tengo miedo de que se pase de la raya, lo que antes no era nada ahora sea todo, todos los casos sean violencia de género”, expresó.
Luego analizó desde su perspectiva el caso concreto. Alegó que todos los hechos por los que se llevó a Díaz a juicio ocurrieron luego de la separación, que la víctima tiene independencia económica y estabilidad, y que la agravante de género no es aplicable a este caso.
Hernández sostuvo que no existió privación de la libertad, que no se configuró el delito de desobediencia, que la situación de tenencia de armas es exclusivamente una falta administrativa por no renovación del permiso, puso en duda la gravedad de las lesiones inferidas al policía e indicó que lo que pudo existir fue un forcejeo con la víctima que le dejara marcas a esta, pero nada más allá de eso. Se refirió la defensa a la falta de antecedentes penales del imputado y planteó que no puede hablarse de violencia de género cada vez que intervengan en un hecho un hombre y una mujer.
El viernes se conocerá la decisión del Tribunal Unipersonal.