La Fiscalía diferenció las conductas y la responsabilidad penal de cada uno de los dos hermanos imputados. En relación a uno de ellos, calificó su conducta como extorsión en grado de tentativa en concurso real con lesiones graves en carácter de coautor y en relación al segundo imputado, extorsión en grado de tentativa en concurso real con lesiones graves en carácter de coautor y robo calificado por el uso de arma de fuego en carácter de autor. Este último permanecerá en prisión preventiva por sesenta días, en tanto que su hermano fijó domicilio y se le impuso una prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, su familia y empleados del frigorífico, por el mismo plazo.

El 6 de agosto a las 11.30 horas, aproximadamente, los dos imputados se presentaron en el frigorífico DICASUR. Una vez en el interior de la empresa, fueron recibidos por la víctima en su oficina, “quien les abre la puerta para mantener una reunión por temas comerciales”, sostuvo la fiscal María Bottini acompañada en la audiencia por el procurador de fiscalía Ismael Cerda. Durante ese encuentro, uno de los imputados sacó “un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, marca Bersa con cargador colocado que tenía entre sus ropas sin la debida autorización legal, haciendo un ademán como cargándola, a los efectos de intimidar” al damnificado. Ambos imputados increparon a la víctima exigiéndole de manera violenta la entrega de dinero, diciéndole que lo iban a matar a él y a su familia, que sabían dónde vivía y que tenía esposa e hijo. Lo golpean entre ambos “con sus puños en el rostro y otras partes del cuerpo, ocasionándole lesiones visibles, tratándose de un traumatismo nasal con fractura múltiple de huesos con leve desplazamiento, que requiere cirugía para su recuperación”, indica la imputación de la Fiscalía.

Luego de agredirlo, el mismo imputado que portaba el arma de fuego, agarró y se llevó dos teléfonos marca Iphone que estaba sobre el escritorio de la víctima. Luego de esto se retiraron en camioneta, siendo aprehendidos al ingresar a Esquel, en el puesto de control policial ubicado sobre la ruta 259.

Si actuaron así por plata qué harían por mantener su libertad

La Fiscalía fundamentó su pedido de prisión preventiva para los imputados por tres meses, basándose en las violentas características del hecho y la actitud asumida por los imputados.

La postura de la defensa es que los imputados son acreedores de una millonaria deuda que mantiene la firma comercial del damnificado. Sostuvieron, además, que hubo conversaciones previas en las que el damnificado se había comprometido a saldar la deuda con la entrega de vehículos y que en la entrevista en la oficina les dijo que no podría cumplir con el compromiso, que se generó una discusión y en ese contexto se fueron a las manos.

Bottini resaltó que, si atacaron a la víctima con golpes y la amenazaron con un arma por dinero, qué puede esperarse que hagan por mantener su libertad que es un bien más preciado. Con este y otros fundamentos defendió su pedido de prisión preventiva para evitar la fuga y el riesgo procesal de entorpecimiento. Para aportar claridad sobre el suceso, se proyectó en la audiencia el video de la cámara de seguridad de la oficina en la que se ve la secuencia de lo sucedido.

El juez coincidió con la Fiscalía en la gravedad de la conducta desplegada y en la diferenciación realizada sobre la participación de cada uno de los dos imputados en el hecho. En esa línea entendió que la medida de coerción tampoco puede ser la misma. Dispuso la prisión preventiva para el que fue acusado por los hechos más graves, por un plazo de 60 días y por el mismo plazo le impuso al coimputado una prohibición de acercamiento y contacto a la víctima, su familia y a los empleados de la empresa.

La camioneta en la que circulaban se encuentra secuestrada, también sus teléfonos celulares y otros elementos que deben ser peritados.