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Tentativa de abuso sexual en la facultad de ciencias jurídicas: Fiscalía dictaminó sobre la declinación de competencia

La Fiscal María Bottini y la funcionaria Cecilia Bagnato, respondieron a la declaración de competencia federal, dispuesta por el juez federal Guido Otranto, a partir de un pedido formulado por la defensa del imputado.

Recibida la declaración de competencia federal y oficio inhibitorio a la intervención en el caso al Colegio de Jueces Penales de Esquel, requiriendo su declinación de competencia, la Fiscalía analizó la situación y dictaminó. La resolución del juzgado federal y el dictamen de la fiscalía, serán analizados y resueltos por la juez penal del caso, Fernanda Révori.

¿Qué dijo la Fiscalía?  

La Fiscalía considera que activar los recursos disponibles para mantener la competencia, “no haría más que perjudicar los intereses de las víctimas y del objetivo de una tutela judicial y efectiva en el marco de una situación de violencia de género donde los operadores del sistema judicial… mantenemos la obligación de actuar con la debida diligencia reforzada”.

Las acusadoras advierten una dinámica dilatoria por parte de la defensa del imputado, que podría prolongar el trámite judicial hasta que opere la prescripción del delito. “En modo alguno esta parte puede resultar cómplice de tal mecanismo, dejando a las víctimas y testigos de este caso desamparadas ante, no solo el poder que ejerce el mentado funcionario federal (el imputado) en los ámbitos en que se desempeña académicamente, sino ante las prácticas y pactos patriarcales que se han instituido en un organismo como lo es la Facultad de Ciencias Jurídicas en el mismo sentido en que ha sido acusado Ferrari”, indica el dictamen.

La Fiscalía valora el análisis global que realizó Otranto, en relación a que no se trata de un hecho aislado, sino a una modalidad de hace varios años, lo que también refuerza la afectación de un servicio que brinda una universidad nacional a la comunidad.

En este sentido las fiscales entendieron que el fuero federal cuenta con funcionarios formados con perspectiva de género para dar cumplimiento a la obligación estatal de sancionar la violencia de género y brindar confianza a las víctimas en las entidades instituidas para su protección.

 

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