El equipo género de la Fiscalía, está enfocado en alcanzar soluciones judiciales con trámites veloces en los hechos menos graves y de simple investigación. Recientemente se logró una condena a un imputado por diversos hechos de desobediencia a una orden judicial de prohibición de acercamiento y contacto, a un mes de ocurridos los hechos. También se llegó a un acuerdo de suspensión del proceso a prueba por los delitos de lesiones leves y daño en contexto de violencia de género cometidos una semana antes.

La rapidez en las sanciones judiciales en casos de violencia de género es crucial para prevenir la escalada de la violencia por varias razones fundamentales. No se trata solo de castigar un acto, sino de enviar un mensaje claro y contundente que disuade al agresor y protege a la víctima.

Rompe el ciclo de impunidad

La impunidad es un caldo de cultivo para la escalada de la violencia. Si un agresor percibe que sus acciones no tienen consecuencias inmediatas, es probable que aumente la frecuencia y la gravedad de sus ataques. Las sanciones rápidas actúan como un freno, mostrando al agresor que sus actos tienen consecuencias y que el Estado está dispuesto a actuar. Esto es especialmente importante en casos de desobediencia a órdenes de restricción, donde la inacción puede ser interpretada como una luz verde para continuar con la agresión.

La protección de la víctima

En muchos casos, las agresiones que parecen leves son una antesala de hechos más graves. Sancionar rápidamente estos actos, como las lesiones leves o los daños, no solo castiga al agresor, sino que también protege a la víctima de forma preventiva. Es una forma de intervención temprana que busca evitar que la violencia se intensifique, salvaguardando la integridad física y psicológica de la mujer.

El equipo que encabeza la fiscal Rafaella Riccono, pretende dar un mensaje claro “la violencia de género no será tolerada”, se busca generar una mayor conciencia sobre la gravedad del problema y la importancia de denunciar.

El criterio es que la rapidez en las sanciones judiciales en casos de violencia de género no es un capricho procesal, sino una herramienta fundamental para la prevención y la protección. Es un pilar clave para construir un sistema de justicia que sea verdaderamente efectivo en la lucha contra la violencia de género.