SE FORMALIZÓ LA INVESTIGACIÓN CON UN IMPUTADO
El fiscal comunicó el hecho que investiga y solicitó la prisión preventiva del imputado hasta la audiencia preliminar. El defensor se opuso y el juez resolvió disponiendo la medida de coerción solicitada por un plazo de diez días.
Habría otro joven involucrado en el hecho que aun no fue aprehendido.
El miércoles pasado, aproximadamente a las 7:30 hs. dos jóvenes ingresaron al un domicilio de la localidad de Epuyén por una puerta trasera que estaba sin llave. Sorprendieron al dueño de casa agrediéndolo con un trozo de caño y un arma de fuego de modo muy violento y le exigieron dinero. Revisaron toda la vivienda y se apropiaron de dinero en moneda nacional y extranjera.
A raíz de los golpes el damnificado sufrió politraumatismos, fractura en el brazo derecho y una evidente lesión en el rostro. El fiscal Oscar Oro calificó el hecho como robo doblemente agravado por provocar lesiones graves en la víctima y por el uso de armas.
El representante del Ministerio Público indicó que restan pasos fundamentales en la investigación, entre otros la aprehensión de quien habría sido el cómplice del imputado. También sostuvo que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento procesal.
El juez Martín O’ Connor analizó la situación y se dirigió directamente al imputado para decirle que a su criterio hay elementos suficientes para considerar que “probablemente usted sea el autor de este hecho”. También le dijo que iba a hablarle sin medias tintas, resaltando que se trata de un hecho muy grave por la dosis de violencia desplegada contra la víctima. El magistrado entendió que el arraigo no fue suficientemente fundado, sin embargo tampoco tuvo en cuenta en esta instancia el peligro de fuga porque le faltaron elementos para evaluarlo. Si consideró que por las características del hecho, por la actitud asumida en relación a la víctima y por el ensañamiento demostrado puede presuponerse que en libertad podría procurar influir sobre los testigos. Por este motivo otorgó la medida solicitada por un plazo de diez días para dar tiempo al avance de la investigación y a que la Fiscalía cuente con más elementos para evaluar la necesidad o no de la continuidad de la medida de coerción.
