La ciudad se vio sacudida esta última semana con dos nuevos hechos que causaron profunda conmoción social: el femicidio de Daniela Farías y la agresión a Cristian Rapiman en el barrio 30 de Octubre.
En el primer caso y a juzgar por los primeros datos de la investigación, estaríamos en presencia de un femicidio, uno de los delitos con penas más severas establecidas en nuestro Código de fondo. Es decir un homicidio perpetrado por un hombre contra una mujer, o “asesinato misógino de mujeres cometido por hombres”, delito que conlleva una pena única de reclusión o prisión perpetua.
Al respecto cabe destacar que desde un primer momento la Procuración General Adjunta, se propuso instalar una “Agenda de Género” y manifestó su profunda preocupación por este flagelo.
En este sentido el Procurador General Adjunto, Emilio Porras Hernández, la Fiscal general de Esquel, María Bottini y la jueza de Familia de la ciudad cordillerana, Mariela González, fueron facultados para replicar en toda la provincia del Chubut, los “Talleres sobre Violencia de Género y Trata de Personas” que la Corte Suprema de Justicia de la Nación organizó en el marco de su política de género, a partir del año 2012. El objetivo de los Talleres fue sensibilizar a la población y a actores implicados en la temática en las cuestiones de género. También el de “impulsar un proceso de comprensión del flagelo de la trata de personas con fines de explotación sexual, y elaborar estrategias para proporcionar, desde la Justicia y desde los otros sectores vinculados a la temática, una respuesta ajustada a las Convenciones y compromisos internacionales suscriptos por nuestro país”.
El paso siguiente de la Procuración General Adjunta fue elaborar e implementar el Protocolo de Trabajo para delitos de Violencia Doméstica. El Protocolo propone como herramienta modelo un instrumento de medición de riesgo con el objeto de posibilitar la adopción temprana de medidas de prevención de este tipo de delitos.
Es de destacar que con estas medidas implementadas la provincia del Chubut se encuentra a la vanguardia en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Nacional a través de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (CEDAW) de Naciones Unidas; la Convención de Belém Do Pará (o Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer); y la legislación interna (Ley de Violencia familiar, Ley de Protección Integral a las Mujeres) que abarca la adhesión a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
En esta senda nuestra provincia recientemente fue seleccionada a fin de participar del programa del Ministerio de Justicia de la Nación para la implementación del Sistema de Pulseras Electrónicas dirigidas a víctimas de violencia de género. La propuesta fue considerada como “una importante medida superadora” para combatir este tipo de delito. A diferencia del botón antipático, la pulsera de monitoreo no pone a la víctima en la situación de estar pendiente de un posible delito y por ello pulsar el botón. La pulsera pone la carga en el victimario que será detectado si se aproxima al radio que tiene prohibido, mediante un sistema de monitoreo con una línea telefónica de la policía.
