Tras los allanamientos realizados en Puerto Madryn por amenazas a una escuela, el Ministerio Público Fiscal quiere alertar a toda la provincia sobre las consecuencias legales y sociales de este tipo de conductas.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut advierte a la comunidad que las amenazas dirigidas a establecimientos educativos, aun cuando sean presentadas como bromas o como excusa para no concurrir a clases, constituyen hechos delictivos con consecuencias reales. El aviso surge a partir del caso registrado en Puerto Madryn, donde menores de edad difundieron mensajes intimidatorios sobre la Escuela de Pesca y debieron realizarse allanamientos para recolectar evidencia.

Una situación de este tipo obliga a activar protocolos de seguridad, movilizar personal especializado y destinar recursos públicos que podrían orientarse a otras necesidades de la comunidad. No se trata de una reacción desproporcionada: es la respuesta que el Estado debe dar ante cualquier amenaza que ponga en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y familias.

Desde el MPF se da a conocer que este tipo de conductas afecta a toda la comunidad educativa y genera un impacto que va más allá del hecho en sí: instala miedo, interrumpe la vida escolar y exige una respuesta institucional inmediata.

A partir de las modificaciones normativas previstas para septiembre, se ampliará el alcance de la responsabilidad penal juvenil en la Argentina. Desde esa fecha, los menores podrán ser imputados desde los 14 años. El MPF subraya que la proximidad de ese cambio legislativo refuerza la necesidad de que adultos, docentes y referentes comunitarios trabajen activamente en la prevención.