Reunidos en el marco de las XII Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos, el Consejo Federal de Procuradores y Fiscales Generales y el Consejo de Política Criminal, emitieron un comunicado. El pronunciamiento, que lleva la firma de Jorge Omar Canteros y Jorge Luis Miquelarena, presidentes de ambos Consejos, brega por el fortalecimiento de las políticas públicas de persecución de la violencia de género y el debido respeto de la equidad de género, tanto en el ámbito del ejercicio de la función de los Ministerios Públicos, como también en el ámbito de los restantes Poderes del Estado, en particular en el ámbito del Gobierno Nacional.

Comunicado

El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal en el marco de las XII JORNADAS INTERNACIONALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DELITOS CONEXOS de la Ciudad de Resistencia, Chaco, desean expresar al Gobierno Nacional su interés en la continuidad del desarrollo efectivo de las políticas contra la violencia de género en dicho ámbito, considerando tales acciones como una manera de promover el Derecho Humano a una vida libre de violencia para la mujeres y personas del colectivo LGTIBQ+.

En efecto, la reciente incorporación de dichas funciones al Ministerio de Justicia de la Nación no podría ir en detrimento de tales objetivos, en los términos del art. 8 de la Ley 26.485 y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino para adoptar medidas que aseguren la prevención, investigación, sanción y reparación de los actos de violencia de género.

En línea con ello, expresamos nuestra más profunda preocupación por las declaraciones del Ministro de Justicia de la Nación, Dr. Mariano Cúneo Libarona, mediante las cuales manifestó que se acabó el género y rechazó su diversidad, sumado a las medidas adoptadas en los últimos meses sobre políticas públicas en la materia de género en desmedro de las mismas.

Lo manifestado por el Sr. Ministro implica un apartamiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional ratificados por la República Argentina, mediante los cuales se garantizan los derechos humanos elementales, cualquiera sea la identidad sexual o de género, y que conforman, junto con la Constitución Nacional y las demás leyes vigentes, el bloque de juridicidad del Estado de Derecho.

Entendemos necesario que desde las más altas autoridades políticas de la Nación se respete y promueva la equidad de género, ello con la finalidad de promover la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas en la construcción de una sociedad justa.

Bregamos entonces por el fortalecimiento de las políticas públicas de persecución de la violencia de género y el debido respeto de la equidad de género, tanto en el ámbito del ejercicio de nuestras funciones como también en el ámbito de los restantes Poderes del Estado, en particular en el ámbito del Gobierno Nacional.