El Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal sancionó a un agente por haber presentado un certificado médico apócrifo para obtener un beneficio que no le correspondía. Se determinó que actuó en forma deshonesta, con mala fe, perjudicando el servicio y sobrecargando a los compañeros de funciones.
Se demostró en la audiencia de responsabilidad que la agente mintió y engaño al Estado, mediante la utilización de una situación real de salud para pretender justificar sus inasistencias de dos días laborales, a sabiendas de que en esas fechas estaría ya fuera del país, conforme a un viaje programado con anterioridad. Para ello, hizo uso de un certificado médico que pretendía acreditar un acontecimiento falso. Montó una escena para justificar los días laborales entre el feriado del día 9 de julio (miércoles) y el día en que iniciaba su licencia de invierno del año 2014 (lunes 14).
Más aún, la resolución de fecha 11 de abril del corriente año tuvo en consideración que el agente hizo uso del engaño porque “indudablemente existía el riesgo de que no se autorizara desde la Jefatura una licencia por el art. 39 del RIG para cubrir dos días laborales entre el feriado y el inicio de una nueva licencia por feria de invierno, pues sabemos quiénes desempeñamos funciones en el Ministerio Público Fiscal que en estos casos, muchos agentes solicitan este tipo de licencias y de hecho en muchos casos deben denegarse por razones de servicio”.
En definitiva, se tuvo por acreditado que el agente actuó deliberadamente y con la intención de obtener un beneficio o una ventaja que le permitió viajar al exterior tal como lo había previamente programado, empalmando a partir de allí su licencia por feria de invierno, cubriendo los días laborales intermedios con un certificado médico falso aportado a su regreso. Incumplió con los deberes a su cargo, sin ánimo de corregir antes sus superiores en el tiempo y forma debida la situación en la que se encontraba. Se afectó el regular funcionamiento del servicio administrativo, obligando a que otros empleados cubrieran sus funciones, sobrecargando y exigiendo a otros con deberes que le eran propios. Las faltas fueron calificadas de graves por el Tribunal, que dispuso la fijación de una multa de cuatro meses de salario.
