El miércoles será la audiencia donde se tratarán planteos técnicos. La causa es por presunta “administración fraudulenta” en la preservación de los activos de la empresa Alpesca. Los imputados deberán estar presentes en la audiencia. 

PUERTO MADRYN. Los funcionarios provinciales Gabriela Dufour, Omar Albornoz, Santiago Novoa y Valentín Laborda deberán presentarse el próximo miércoles 20 de agosto a las 9.30 horas a la audiencia fijada por la jueza penal Marcela Pérez Bogado. En los Tribunales se tratarán los planteos de las partes, entre ellas, el pedido de desafuero de la ministro Dufour por parte de la fiscalía y la recusación de la jueza que hizo la defensa pública.

En la audiencia anterior, los imputados no se presentaron al inicio formal del proceso penal donde iban a ser notificados de la apertura de investigación por su presunta comisión del delito de “administración fraudulenta”, en relación a la preservación de los bienes de la empresa Alpesca.

Para la apertura de investigación fijada el martes 8 de junio pasado, la ministro Dufour se amparó en los fueros, al tiempo que los integrantes del Comité de Administración decidieron no presentarse a dicho acto procesal por consejo de la defensa pública.

La jueza Marcela Pérez Bogado planteó una nueva audiencia oral y pública, donde se tratarán todas las peticiones y planteos de las partes, con la presencia de los todos los imputados y sus defensores.

“Toda vez que la audiencia de fecha 08 de Julio de 2014 fue suspendida y reprogramada, hágase saber a las partes que los escritos presentados son inviables a los fines de su resolución fuera de las audiencias respectivas, las cuales deberán realizarse con la presencia de las partes (Ministerio Público Fiscal e imputado, acompañado de su Defensor Técnico), momento en el cual se ventilarán las cuestiones que estimen pertinentes, evitando mayores dilaciones y dispendios jurisdiccionales innecesarios propios de un sistema escriturario, ya que el proceso penal propiamente dicho se inicia recién, conforme nuestra ley ritual, con la Apertura de la Investigación, lo que aún no ha acontecido. En consecuencia, no se decretarán escritos, y las peticiones deberán hacerse en el marco de las audiencias fijadas, a fin de salvaguardar el sistema oral y público, del cual nuestra provincia es pionera”, indica el proveido de la jueza Bogado.

El caso

La fiscalía investiga si existió una “administración fraudulenta” por parte lo los integrantes del Comité de Administración, ya que debía garantizar la debida preservación de los bienes ocupados, para lo cual “podrá realizar todos los actos de mantenimiento que sean necesarios sobre los buques, incluso cuando para ello se requiera su tras su traslado, así como proceder a la cancelación de deudas por orden y cuenta de terceros”.

En marzo, fueron notificados que los buques se encontraban en una situación de precariedad por falta de mantenimiento, porque no se les estaba realizando el mantenimiento adecuado, carecían de combustible y los cabos de amarre se encontraban en malas condiciones.

En ese contexto, en fecha 7 de abril, casi un mes después de las comunicaciones, se desató un temporal que provocó que los buques de la empresa Alpesca se soltaran del muelle y, además de producir roturas en el muelle, quedaron varados en la playa.

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El gobernador Martín Buzzi dispuso el 24 de febrero, mediante el decreto 180/4, la ocupación de Alpesca por parte de un Comité de Administración presidido por Héctor Omar Albornoz e integrado por Santiago Novoa y Valentín Laborda, bajo el directo control del Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos de la Provincia. 

El Comité de Administración estaba a cargo de la administración de los bienes –barcos San Sebastián, Cabo Vírgenes, Cabo Buena Esperanza, Bahía Dos Marías, Promarsa I, II y III, entre otros-. Según el decreto, el “comité estará facultado para llevar adelante todos los actos del giro ordinario de la unidad productiva, así como los necesarios para garantizar la debida preservación de los bienes ocupados, todo ello a los efectos de la efectiva concreción del objetivo de este Decreto, y abunda al respecto, al establecer podrá realizar todos los actos de mantenimiento que sean necesarios sobre los buques, incluso cuando para ello se requiera su tras su traslado, así como proceder a la cancelación de deudas por orden y cuenta de terceros”.

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Un mes antes del temporal, distintos actores informaron al Comité de Administración que los buques se encontraban en una situación de precariedad por falta de mantenimiento. Los fiscales lograron corroborar que en el mes de marzo, tanto el director de la Administración Portuaria como el encargado de flota de Alpesca informaron a las autoridades a cargo de la preservación de los activos que los buques de Alpesca se encontraban en una situación de precariedad física, porque no se les estaba realizando el mantenimiento adecuado, carecían de combustible y los cabos de amarre se encontraban en malas condiciones.

Se puntualizó en aquellas comunicaciones - vía emails- que las embarcaciones estaban a merced de las inclemencias del tiempo, y que corrían el riesgo de destruirse o afectar la integridad de las instalaciones portuarias. En ese contexto, en fecha 7 de abril, casi un mes después de las comunicaciones, se desató un temporal que provocó que los buques de la empresa Alpesca se soltaran del muelle y, además de producir roturas en el muelle, quedaron varados en la playa.

Foto: Jueza Perez Bogado