La jueza Stella Eizmendi dispuso la apertura formal de la investigación para Rodolfo Martín Lenk Aleua por la presunta comisión del delito de “falsificación de documento privado” de un acta de constitución de directorio de Alpesca.
La audiencia de “apertura de investigación” se desarrolló en la sala 1 de Tribunales locales la mañana del lunes. El imptuado, Rodolfo Aleua (30), declaró ante la jueza y reconoció que la asamblea no se realizó en Alpesca pero afirmó que se trató de “un error del abogado”. “Sí, es correcto. Estando tomado por el Gobierno no pudimos estar ahí, pero es un error del abogado. Hizo un acta como que siempre está haciendo lo mismo como encabezado. Nosotros no estábamos en ese lugar, tenemos el acta que aclara cómo fue y el lugar donde fue. Pero es una costumbre que se hace, no me pareció que fuera algo trascendental. No lo veo como un hecho para perjudicar a alguien, sino que es una costumbre y nada más. No lo veo como algo que esté mal”, afirmó el joven empresario, quien figura como titular de la empresa Lumini SRL.
Federico Otero y su madre, Rosa Carmen Chico, no se presentaron en la audiencia porque la policía de Mar del Plata no los notificó personalmente. Los oficiales entregaron la notificación emanada de la Oficina Judicial al encargado del edificio, por lo cual se deberá fijar una nueva fecha de audiencia.
La causa surge por presuntas irregularidades en la constitución de directorio de la Alpesca. En la documentación que figura ante la Inspección General de Justicia figura una supuesta asamblea desarrollada en la sede de Alpesca donde Federico Otero y su madre, Rosa Carmen Chico, incorporan a la empresa Lumini. Pero, según la hoja de guardia de Alpesca, ese día no ingresaron a la empresa, por lo que infiere que el acta que fuera labrada en dicho lugar, seria falsa.
Los imputados son Federico Fermín Otero, Rosa Carmen Chico y Rodolfo Aleua Lenk, a quienes se les endilga la presunta comisión del delito de “falsificación de documento”, previsto y reprimido por el artículo 292 del Código Penal. Según la ley, quien “hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado”.
Audio: Declaración imputado. 
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