La Fiscalía solicitó apertura de investigación respecto a Ricardo Lázaro. Es a raíz de los resultados de las últimas pericias contables y para que haga uso de su derecho a defensa. Se lo imputa por “peculado culposo en concurso con incumplimiento de deberes de funcionario público”.

La apertura de investigación y el procesamiento del actual viceintendente y presidente del Concejo Deliberante de Puerto Madryn se basa en que “Ricardo Lázaro, en su calidad de Funcionario Público, habría obrado en forma negligente, incumpliendo sus deberes al no velar por el observancia de la reglamentación vigente y no ejerciendo el debido contralor sobre la administración del Concejo”.

A raíz de la pericia contable practicada sobre la documental secuestrada en el órgano legislativo municipal, se determinó que existirían irregularidades en el manejo de la cuenta corriente del mismo, así como en el pago de facturas a proveedores en los periodos 2008, 2009 y enero-junio de 2010 constatándose un faltante de, al menos, más de 43 mil pesos.

Desde la justicia se indica que “se verificó a través de la pericia documental y contable que existe un gran numero de cheques que fueron librados al portador y/o a la orden de la entonces secretaria administrativa del Concejo Deliberante, Marta Rotondo, contraviniendo con ello lo prescripto por el Decreto Reglamentario N°1469/01 en su artículo 36”.

Al respecto, la ley provincial establece y regula la administración financiera y el sistema de control interno del sector público provincial. Indica que los cheques que se emiten desde organismos públicos deben ser librados exclusivamente “a la orden de”. Es decir, el cheque debe indicar el nombre del proveedor que deberá cobrarlo y jamás podrá ser emitido “al portador”, cuestión que habría ocurrido en el Concejo Deliberante.

Otro de los puntos, es que Lázaro tendría pleno conocimiento de las irregularidades que se venían suscitando en el manejo de los fondos del Concejo Deliberante, ya que a partir de las auditorias efectuadas por funcionarios del Tribunal de Cuentas de esta Provincia se le informó, mediante nota N°19/08. F10-TC y N°14/09 F10-TC de fecha 03 de Junio de 2008 y 07 de mayo de 2009 respectivamente, de estas anomalías, haciéndole recomendaciones al respecto. Aunque las mismas nunca fueron puestas en practica,  sin adoptar las medidas necesarias para ejercer un contralor sobre la función de la secretaria administrativa, posibilitando con esta inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo la presunta desviación de fondos públicos en perjuicio de la administración confiada.

Cabe recordar que la causa surgió a raíz de una denuncia efectuada por los concejales Pedro Giménez y Marcelo Berzon. Hasta el momento, Marta Rotondo, quien se desempeñaba como secretaria administrativa en el Concejo Deliberante, era la única imputada y se la investiga por el delito de “peculado”.

A raíz de esta nueva presentación, la oficina judicial deberá fijar fecha y horario para realizar la audiencia oral y pública, que se desarrollará en los Tribunales locales y donde se notificará formalmente a Lázaro de los cargos por los cuales se lo investigará.

La calificación legal y las penas que prevé la ley en caso de ser encontrado culpable

La calificación legal que se le imputa a Ricardo Lázaro es la de “peculado culposo en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, previsto y reprimido por el artículo 262, 248 y 20 bis del Código Penal. En caso de ser encontrado culpable, la ley indica que podría tener que pagar una multa de hasta el 60% del valor sustraído, podría ser inhabilitado por hasta 10 años y hasta podría llegar a tener que cumplir una pena de prisión.