El juez Horacio Yangüela dictó la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario para los dos imputados por el robo con arma a un repartidor de Friosur. Es porque los peligros procesales se podrían aventar bajo dicha modalidad. La fiscalía había pedido la prisión preventiva y la defensa la libertad. Están imputados por “robo agravado por el uso de arma de fuego” y uno de ellos tiene 16 años.

El hecho, calificado como “robo agravado por ser con arma de fuego”, ocurrió en la empresa Friosur cuando un repartidor se retiraba del supermercado, ubicado sobre la calle Albarracin de la ciudad. En ese momento, dos jóvenes se acercaron y, tras amenazarlo con un arma de fuego, le sustrajeron aproximadamente 1700 pesos, la billetera, un celular y se dieron a la fuga. Tras un llamado anónimo de un vecino y la rápida intervención policial, se logró detener a los dos sospechosos cuando estaban contando dinero, en cercanías al lugar donde se cometió el ilícito. Además, los efectivos policiales les secuestraron un revólver calibre 22, presuntamente utilizado en el robo, así como también el celular, la billetera y una boleta de Friosur, que le habían sido robados al repartidor. Ambos jóvenes, además, se encontraban vestidos con ropa similar a la denunciada.

De esta forma, la tarde del viernes se realizó la audiencia de control de detención y apertura de investigación en los Tribunales locales. Allí, las funcionarias de fiscalía, Eugenia Vottero y Alejandra Hernández, relataron el hecho investigado e imputaron al menor de edad detenido, de 16 años, por “robo agravado por el uso de arma” y a Abel Currumil por “robo doblemente agravado por ser con el uso de arma y con la participación de un menor de edad, en concurso con amenazas agravadas por el uso de arma de fuego”. Desde la Fiscalía también solicitaron la prisión preventiva por 3 meses afirmando que estaba dada la probabilidad de autoría, por ser detenidos en cuasi-flagrancia, así como también se daban los peligros de fuga y de entorpecimiento, ya que restan realizar medidas procesales y en caso de encontrase en libertad, ambos sujetos podrían amedrentar a los testigos y victimas, o fugarse, puesto que la pena en expectativa en caso de ser encontrados culpables en un juicio es superior a los 8 años de prisión. En cambio, el defensor público Diego Trad solicitó la libertad para sus defendidos argumentando que no estaba dada la probabilidad de autoría ni los peligros procesales. Subsidiariamente, también solicitó que se les brinde el arresto domiciliario, ya que la prisión preventiva debe ser siempre la última instancia y rige el principio de inocencia para los imputados. Finalmente, el juez Horacio Daniel Yangüela dictó la medida de arresto domiciliario por 10 días por entender que, si bien estaba dado el peligro procesal de entorpecimiento, el mismo se podía aventar bajo la prisión domiciliaria. Cumplido el plazo y tras la realización de las medidas investigativas pendientes, se revisará nuevamente la situación procesal de ambos imputados. En caso de ser encotrados culpables en el juicio, la pena podría ser de más 8 años de prisión.