Los jueces Hernán Granda y Horacio Yangüela deberán resolver si inician el proceso penal por “impedir la libre circulación, daño a bienes públicos y resistencia a la autoridad” cometidos en un corte de ruta a Pirámide en noviembre del año pasado. Están imputados 11 personas pertenecientes a la UOCRA. La audiencia se iba realizar por una resolución del Superior Tribunal de Justicia, pero el miércoles se pospuso y se deberá fijar nueva fecha.
La causa es contra 11 personas que fueron detenidas por la policía e imputadas de daños a bienes públicos, impedir la libre circulación de medios de transporte y resistencia a la autoridad durante el corte de la ruta a Puerto Pirámides en noviembre del año pasado. El juez Gustavo Castro había rechazado la apertura de la investigación, pero la medida fue impugnada y el Superior Tribunal de Justicia indicó que se revise la resolución. Los jueces Hernán Granda y Horacio Yangüela, que se habían excusado anteriormente para intervenir en las causa por haber tratado el recurso de la fiscalía, fueron finalmente designados por los jueces de Trelew Alejandro Defranco y Sergio Piñeda para intervenir en el tratamiento del recurso, y deberán resolver si hacen lugar a la apertura de investigación. La audiencia se iba a realizar la mañana del miércoles, pero se pospuso y se realizaría antes de fin de año.
El hechoLa mañana de 12 de noviembre de 2009, en la intersección de las rutas provinciales numero 2 y 42 que comunican a Puerto Madryn con Puerto Pirámide, la policía detuvo a un grupo de personas pertenecientes a la UOCRA, que quemaban cubiertas y cortaban la ruta en protesta por 32 despidos que habría realizado la empresa constructora DYCASA. Como consecuencia de incidentes, la policía actuó de oficio en orden a las facultades que les otorga el artículo 248 de la Constitución Provincial y detuvo a los manifestantes. Según consta en las actas policiales y en el legajo judicial, los manifestantes también habrían arrojado piedras y elementos contundentes contra los móviles policiales y contra los policías. De esta forma, tomó intervención la justicia penal e imputó por daño a bienes públicos, entorpecimiento de circulación de medios de transportes y resistencia a la autoridad a los demorados, entre ellos, el secretario gremial Mateo Suárez. Pero el juez penal Gustavo Castro rechazó la apertura de la investigación penal. Dicha medida fue impugnada y llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia, que dispuso que se revise la resolución del juez Castro.
Se pospuso la audienciaLa mañana del día miércoles 22 de diciembre se iba a realizar una audiencia de impugnación en los Tribunales locales, donde estuvieron presentes los jueces Hernán Granda y Horacio Yangüela, la fiscal general Marcela Pérez y el secretario gremial de la UOCRA, Mateo Suárez, acompañado por su abogado defensor particular, Oscar Romero. Cabe destacar que tanto la fiscal Pérez como el abogado Romero habían brindado su asentimiento para que la audiencia se realice, pero los jueces decidieron –en aras del derecho de defensa de los imputados- que se posponga hasta que asista la totalidad de los imputados. De esta forma, la oficina judicial deberá fijar una nueva fecha de audiencia para que los jueces Granda y Yangüela analicen las distintas posturas y decidan si dan inicio a la investigación y al proceso penal.
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