PUERTO MADRYN. El empresario madrynense Jorge Almirall fue condenado por cometer diversos delitos en la comercialización de terrenos en la zona norte de la ciudad de Puerto Madryn. Durante el desarrollo del juicio oral y público, reconoció la comisión de los delitos y fue condenado mediante juicio abreviado.

El juez penal Marcelo Nieto Di Biase dispuso la condena de Almirall como autor de los delitos de estafa en la modalidad de delito continuado con relación al "Consorcio de productores de avellanos", en perjuicio de los adquirentes del loteo Mapu Gnefú, hurto simple en perjuicio de Intersar y Servicoop; falsificación de instrumento privado en concurso ideal con estafa en carácter de autor y estafa en la modalidad de delito continuado con relación al loteo inexistente en carácter de autor. La pena será de dos años y tres meses de prisión en suspenso.

Almirall, además, deberá cumplir determinadas pautas de conducta fijadas por el juez. “Abstenerse de cualquier conducta que pueda impedir o entorpecer cualquiera de los servicios esenciales de luz; agua potable y agua de reuso, necesarios para las personas que viven en el loteo Mapu Ngefu, atento a que parte de los canales y redes por donde pasan dichos servicios se ubican en un terreno de propiedad de "Los Goyos S.A., siendo el condenado titular de dicha empresa”, indica la sentencia, que fue notificada el día jueves.

La causa judicial que llevó adelante la fiscal Marcela Pérez se inició con la presentación de vecinos afectados en la adquisición del loteo, quienes afirman que se les ofreció una especie de barrio cerrado de quintas productivas, con la posibilidad de adquirir una vivienda con todos los servicios incluidos y un sistema de riego por goteo con agua de reúso, pero obtuvieron un lote sin servicio de gas y con un servicio eléctrico irregular e insuficiente.

LA CAUSA INVESTIGADA

En el año 2006, Jorge Almirall comenzó con la comercialización de los lotes en el emprendimiento ubicado sobre la Ruta Provincial N° 4 de Puerto Madryn, ofreciendo un barrio cerrado de quintas productivas y brindando la posibilidad de poseer una vivienda tipo quinta, con todos los servicios incluidos (agua, luz, gas). Además indicaba que los compradores también podrían ser parte de un emprendimiento productivo de venta de avellanos que serían vendidos a una empresa multinacional e informando que dichos árboles serían regados con agua de reuso. De esta forma y una vez realizada la venta, la operación se efectuaba a través de un boleto de compra venta donde en una de sus cláusulas exigía a los compradores ser parte de un emprendimiento productivo donde se refería indistintamente a “Unidades Funcionales”, “Consorcio de Productores de Avellanos”, “Club de Campo”, “Fideicomiso”, etc.

También a partir de la adquisición de los lotes, los propietarios comenzaban a realizar pagos al consorcio en calidad de “gastos y servicios. Pero estos gastos llamaron poderosamente la atención a los investigadores, entre otros, la indicación de facturación del Servicio de Agua Potable y Agua de Reuso, siendo que el agua de reuso no es cobrada por la Municipalidad, y que el agua potable y la energía eléctrica no son provistas por las empresas habilitadas para su distribución, sino que se realizaron mediante conexiones irregulares y no autorizadas.

Asimismo, existirían irregularidades con los certificados de amojonamiento supuestamente firmados por el Agrimensor Ernesto Osvaldo Coppola Amadeo ya que las mismas serían apócrifas o falsificadas con el objeto de obtener la regularización municipal de los inmuebles, indicaron los fiscales, ya que el Agrimensor Copola falleció en febrero de 2010 y desde  diciembre del año 2008 había dejado de trabajar.