Docentes del colegio 710 dialogaron con funcionarios judiciales sobre pautas de detección y acción ante posibles casos de maltrato o abuso infantil. Dicha actividad se realizó en el marco del programa “La Fiscalía va a las aulas”.

La charla fue brindada el martes pasado en el Colegio 710, donde los funcionarios judiciales explicaron a los docentes su función dentro del Poder Judicial y las actividades que desarrollan en los casos de violencia familiar y maltrato infantil; para luego abrir un espacio de diálogo donde evacuar dudas e inquietudes de cómo actuar frente a determinadas situaciones.

De esta forma, el abogado Luis Amarfil, la trabajadora social Vanina Menghini y los psicólogos Sandra Scolari y Martín Caprino Coco charlaron con los docentes sobre las distintas formas de maltrato hacia niños, niñas y adolescentes y las alternativas para abordarlas. Cabe destacar que los profesionales pertenecen al SAVD –Servicio de Asistencia a la Victima del Delito-, un servicio gratuito del Ministerio Público Fiscal que brinda asistencia psicológica, social y jurídica a personas que fueron victimas de delitos y está formado por profesionales que intervienen a solicitud de los fiscales en las causas penales.

Durante el encuentro, que duró más de dos horas y se realizó en una de las aulas de la escuela, los funcionarios judiciales brindaron algunas pautas de acción frente a determinadas situaciones y explicaron la importancia que tiene el poder dilucidar si cada caso concreto se trata de una cuestión de salud, de protección civil o penal. “Esto es clave para que los docentes sepan como actuar y dónde recurrir ante la posible comisión de un delito contra un niño”, puntualizaron.

La escuela como ámbito de detección de abuso y maltrato

La escuela, junto con los centros de salud -explicaron los profesionales- son los principales ámbitos de detección de abuso sexual y maltrato infantil, como así también de otras patologías no vinculadas directamente con el delito. De esta forma, destacaron la importancia que tienen las instituciones del Estado para proteger al niño en estado de vulnerabilidad cuando este no es contenido adecuadamente en el seno de su familia, principalmente cuando el victimario es uno de sus progenitores –o persona encargada de su custodia- y el otro asiste pasivamente a la comisión del delito, encubriéndolo o negándolo, entre otras formas.

“Es este el momento en el cual el Estado aparece con toda su fuerza coercitiva para poner fin a la situación de abuso. De allí la importancia de que los docentes pongan en conocimiento de las autoridades toda situación que pueda ser indicador de abuso sexual o violencia infantil”, indicaron los funcionarios de Fiscalía, aunque aclarando a los docentes que poner en conocimiento de las autoridades de una probable situación de riesgo no los convierte necesariamente en denunciantes. En este sentido, se hizo hincapié respecto de que el cumplimiento de la obligación institucional de anoticiar la situación de riesgo e incluso la de realizar la denuncia no les confiere la calidad de “parte” en el proceso. "Esto significa que toda persona que denuncia un delito no tiene acceso a la causa ni a la información, ello con el fin de preservar la reserva e intimidad de las personas afectadas y proteger la investigación. No debe olvidarse que se investiga un delito penal y que los objetos de prueba deben ser preservados”.

“La prevención implica que cada uno tome posición y se convierta en agente activo para generar un cambio y lograr un mundo digno para los niños. Para ello el desafío es de todos: padres, docentes, políticos, legisladores, médicos, policías, jueces, periodistas, hombres y mujeres, debemos reforzar el compromiso para evitar que los niños sigan siendo objetos de abusos” finalizaron.

FOTO (LUIS AMARFIL, SANDRA SCOLARI, MARTIN CAPRINO)