Los tres jóvenes imputados por el robo al taxista ocurrido durante el fin de semana quedaron detenidos luego de la "audiencia de apertura de la investigación y control de detención" realizada el mediodía del lunes.

La Fiscalía los imputó a los tres jóvenes, dos de los cuales son menores de edad, por el delito de "robo doblemente agravado por utilizar un arma blanca y ser en poblado y en banda" y a Esteban "Ojito" Garay le añadió el agravante de haber cometido el hecho junto con menores de edad; por lo cual pidió la prisión preventiva por 30 días mientras se avanza con la investigación. Por su parte, la Defensa Pública y la Asesoría de Menores solicitaron que no se haga lugar al pedido de la Fiscalía sugiriendo, como medida sustitutiva, la prisión domiciliaria. El Juez Yangüela dio por acreditado, en esta etapa de la investigación, que los imputados son probablemente los autores del hecho y dictó la prisión preventiva.

EL ROBO AL TAXISTA

El delito que se investiga ocurrió en la madrugada del sábado cuando los jóvenes, dos de ellos menores de edad, abordaron un taxi en la parada del barrio Ruca Hue. Uno de los imputados, que se transportaba en el asiento delantero, habría arrancado el equipo VHF del taxi y los dos menores que iban atrás, amenazaron al conductor con un cuchillo y le sustrajeron dinero y un MP4. Luego de golpearlo se dieron a la fuga; pero gracias al rápido aviso de los vecinos a la policía, se pudo atrapar a los jóvenes que se habían escapado del lugar. Momentos más tarde y luego de la aprensión, la victima los identificó como los jóvenes que le habían robado.

"EXISTEN ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES"

La Fiscalía pidió la prisión preventiva para Garay y que los menores sean alojados en el COSE, por 30 días, al haber "elementos de convicción suficiente para determinar que son los autores del hecho que se investiga. Hay testigos del hecho y fueron reconocidos por la victima como los autores que momentos antes lo robaron y lo golpearon". Además, la Dra. Hernández añadió que "se dan los peligros de fuga y de entorpecimiento, más teniendo en cuenta que la pena en expectativa deberá ser de efectivo cumplimiento".

La Dra. Hernández, funcionaria de la fiscalía, fundamentó la prisión preventiva informando que Garay registra procesos pendientes en calidad de imputado, por lo cual "existe la probabilidad que se vea involucrado en otros delitos" y que "algunos de los testigos son vecinos del Barrio, sobre los cuales hay que evitar que intenten influir en ellos". Además, solicitó que se dé intervención a Sistema Integral de Protección de los Derechos con respecto a los menores.

DEFENSA: "QUE CUMPLAN LA MEDIDA BAJO EL SISTEMA DE PRISIÓN DOMICILIARIA"

Por su parte, la Defensa propuso al Juez "que no se haga lugar a la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía" sino que los imputados queden en prisión domiciliaria. En relación a los menores, el Dr. Bellorini afirmó que "de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos de los Niños, la medida de coerción en los menores debe ser el último de los recursos", por lo cual solicitó que los menores queden bajo la supervisión de sus padres . El Dr. Marcelo Bustos de la Asesoría de Menores, pidió una "medida sustitutiva" y consideró "excesivo el planteo de la Fiscalía".

EL DICTAMEN DEL JUEZ YANGÜELA FUE LA PRISIÓN PREVENTIVA POR 10 DÍAS

El Juez Yangüela dictaminó la prisión preventiva de los jóvenes "al ser un robo doblemente agravado y teniendo en cuenta los peligros procesales invocados por la Fiscalía (peligro de fuga basándose en la pena en expectativa, peligro de entorpecimiento de la investigación), además de la gravedad del hecho en cuanto a la violencia desplegada y multiplicidad de sujetos". El juez tuvo en cuenta que los jóvenes se dieron a la fuga y la desaprensión que actuaron con respecto a la victima. Con respecto a Garay, al ser mayor de edad, dictó "la prisión preventiva por el lapso de 10 días en la unidad regional de la policía a fin de aventar los peligros procesales" y a los dos menores también se les dictó el plazo de internación de 10 días, pero en el COSE y con la intervención de la Oficina de los Derechos del Niño.

El día 28 de octubre se revisará la medida de coerción, en base a los avances de la investigación obtenidos por el Ministerio Público Fiscal.