En la audiencia anterior al juicio, los defensores de los acusados por corrupción en obras en las escuelas pidieron que cambien a los fiscales. La causa es por 24 hechos de fraude a la administración pública por montos millonarios en la reparación de escuelas. Pero en la audiencia anterior al juicio oral y público, uno de los defensores hizo un planteo, quiere que cambien a los fiscales. El defensor Miguel Moyano, que patrocina al secretario privado, Gustavo Hueichan, pidió que se aparte a los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams. En la causa hay 8 acusados por millonario fraude al Estado en la refacción de escuelas de Rawson y Playa Unión. Ahora se deberá resolver el planteo. Pero los fiscales consideran que se trata de "una maniobra dilatoria". La audiencia se suspendió y ahora debe resolver el Procurador Jorge Miquelarena si mantiene a los fiscales Rodríguez y Williams. La presente causa fue impulsada por los fiscales Rodríguez y Williams tiene la apertura formal de investigación contra exfuncionarios del ministerio de Educación y empresarios. Se los imputó de 24 hechos de fraude a la administración pública en la refacción de escuelas de Rawson y Playa Unión. Se trata de la  exministra de educación Graciela Cigudosa, el secretario de coordinación del ministerio, Raúl Care; su secretario privado, Gustavo Hueichan; Daniel Schmid, titular de Lada Construcciones y Ramida SRL; Daniel Gel, responsable de Gefer SRL y Calypso Revestimientos; Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra. Todos ellos son investigados por, presuntamente, direccionar los concursos de precios de las obras de refacción y mantenimientos de los distintos establecimientos educativos de Rawson y Playa Unión. “Acordaron armar un aparente concurso de precios a fin de quedarse con las obras de refacción y mantenimientos de los distintos establecimientos educativos de Rawson y Playa Unión”, sostuvieron los fiscales La calificación legal es por “administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, 22 hechos en la modalidad de delito continuado”. Los investigadores sostienen que “todo el ardid tenía como objetivo la obtención de un lucro indebido” y para ello hubo un “plan para evitar ser detectados en el accionar por los distintos órganos de control”. Y que “los instrumentos administrativos firmados por la ex Ministro permitieron abrir el camino para la configuración de la maniobra ilícita”. La partida presupuestaria para la refacción de estas escuelas era superior a los tres millones de pesos.