Formalización de investigación preparatoria de juicio por abuso sexual agravado

Por pedido de la Fiscalía, el juez Alejandro Rosales, formalizó la investigación preparatoria de juicio, contra un sujeto de cincuenta y siete años, imputado como presunto autor del delito de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por el encargado de la educación y en contexto de la ley de protección integral contra la mujer. Asimismo, el magistrado dispuso la aplicación de la prisión preventiva domiciliaria contra el sospechoso. También otorgó un plazo de seis meses para que el Ministerio Público Fiscal concluya sus tareas investigativas.     

En la audiencia de apertura de la investigación, la fiscala Rita Barrionuevo, relató el contenido que figura en la pieza de pedido de apertura. En este sentido, señaló que el primer hecho ocurrió durante el mes septiembre de 2020, en una oficina de un centro comunitario ubicado en el barrio “Parque 21 de junio”.

En tanto, en octubre del año pasado, el imputado agredió nuevamente a la menor de edad. Esta vez, el hecho ocurrió en el domicilio de la víctima.

Asimismo, la investigadora, indicó que, durante el mes de noviembre, el imputado utilizó su vivienda para atacar por tercera vez a la adolescente.   

Luego, Barrionuevo explicó las calificaciones jurídicas escogidas y peticionó un plazo de seis meses de investigación. También requirió la aplicación de la medida de prisión preventiva contra el acusado.

En este marco, refirió que la Defensa Pública presentó un informe social en el que indican que el imputado padece una serie de afecciones a su salud (hipertensión, fiebre reumática, asma, problemas cardíacos). Por estos motivos, los asesores legales, señalaron que no sería aconsejable que su asistido permanezca en un centro de detención.

En consecuencia, la representante de fiscalía, propuso que se imponga una prisión preventiva, por el plazo de cuatro meses, con la modalidad de arresto domiciliario.

Medidas

Con respecto a los fundamentos legales, la investigadora, indicio que existen elementos suficientes, para sospechar que el procesado es el autor de los tres delitos que se le imputan.   

En este contexto, mencionó una serie de situaciones de amenazas, que la niña sufrió por parte del sospechoso, luego de los hechos denunciados. También mencionó los riesgos procesales por las características del hecho, y por la pena que se espera como resultado del proceso. Así las cosas, peticionó un plazo de seis meses para concluir las tareas investigativas.

A su turno, el abogado Marcelo Catalano, consideró que no debe ser incorporado el agravante de encargado de la educación de la víctima. Por otra parte, manifestó que, para fundamentar el pedido de aplicación de la prisión, preventiva, la fiscalía no puede basarse solo en la expectativa de pena.   A todo esto, sostuvo que no se verifican los riesgos del peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, que justifiquen la aplicación de medidas coercitivas.

En este sentido, el abogado defensor propuso que su asistido se presente de manera semanal en la comisaría y se mantengan medidas de protección para la víctima.  

Luego de escuchar los pedidos de las partes, Rosales resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio penal contra el imputado, en orden a los hechos narrados por la fiscalía. También hizo lugar a las calificaciones legales provisorias propuestas por el Ministerio Público Fiscal.

Con respecto a las medidas restrictivas propuestas, dispuso que se mantenga la permanencia constante del sospechoso en su domicilio, sin autorización de ausentarse de su vivienda, sin una orden judicial. Esta medida restrictiva fue establecida por el plazo de cuatro meses. Por último, ordenó que el sospechoso sea trasladado por el personal policial a las oficinas del Área de Criminalísticas a los fines de que se le aplique el protocolo único de identificación de personas.   

El acto judicial fue presidido por el juez Alejandro Rosales. Por el Ministerio Público Fiscal asistió la fiscal Rita Barrionuevo. El imputado, recibió el asesoramiento legal del abogado del Ministerio Público de la Defensa, Marcelo Catalano. También participó la abogada Gabriela Francisco, en representación de la Asesoría de Menores.