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Control de la detención por desobediencia a una orden de prohibición de contacto

Audiencia de control de la detención por desobediencia a la autoridad

 

A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez Ariel Quiroga dispuso la formalización de la investigación preparatoria de juicio contra Oscar Roberto Andrada (44) imputado como presunto autor del delito de desobediencia. Asimismo, se informó que el imputado registra cuatro legajos vinculados al incumplimiento de órdenes de prohibición de contacto con la víctima. Desde la Fiscalía, indicaron que el conflicto primario se enmarca en casos de violencia de género. Por último, el magistrado dispuso una orden de prohibición absoluta de contacto y acercamiento. A ello agregó que, si Andrada incumple esta orden, la fiscalía podrá solicitar la prisión preventiva.      

 

En la ocasión, la fiscalía estuvo representada por la abogada Luciana Coppini. El imputado, en tanto, recibió el asesoramiento legal del abogado Sebastián Martínez Bianchi del Ministerio Público de la Defensa.

En este marco, la abogada Coppini informó que el hecho que investigaran ocurrió el martes 21 de febrero a las 12:05 en una vivienda ubicada sobre la calle Patagonia entre Rivadavia y 9 de julio. En ese lugar, la victima observo al imputado en la puerta de su domicilio. En este sentido, la abogada de fiscalía, señaló que el juez de familia Santiago Huaiquil, el 19 de febrero había dictado una orden de prohibición de acercamiento y contacto en un radio de cuatrocientos metros, entre el procesado y su ex pareja.

Así las cosas, la denunciante solicitó la presencia del personal policial. Cuando los policías llegaron al lugar constataron la situación, y confirmaron que Andrada estaba notificado de la orden judicial. En consecuencia, procedieron a su detención.

Por último, Coppini, peticionó que se declare legal la detención del imputado, un plazo de seis meses de investigación y la presentación del detenido en las oficinas del área de criminalísticas a los fines de que se le aplique el protocolo único de identificación de personas.

En otro orden, la representante de fiscalía, solicito la aplicación de la medida de prisión preventiva para el procesado. Sus argumentos se basaron en la reiteración de conductas de desobediencia por parte del imputado.

Luego, enumeró y describió los cuatro legajos de investigación, por los que Andrada se encuentra procesado desde el año 2022.

Para, la investigadora, todos estos hechos configuran una situación de amedrentamiento para la víctima. Asimismo, remarcó que el conflicto primario es el de violencia de género.

También, indicó que se encuentra gestionado la obtención de una tobillera electrónica a los fines de tener un mecanismo de control sobre el sospechoso. En tanto, hasta que la gestión del elemento electrónico arribe a buen puerto, pidió que Andrada permanezca en prisión preventiva por el plazo de una semana.   

A su turno, el abogado defensor, manifestó que no se opondría a los pedidos de declaración de legalidad de la detención, la apertura de la investigación y el plazo peticionado.

En tanto, Martínez Bianchi, consideró que no encuentran presentes los riesgos procesales que permitan la aplicación de una medida de coerción como la prisión preventiva. Por ello propuso una medida sustitutiva consistente en que su defendido se presente diariamente en la comisaría.

Luego de escuchar las manifestaciones der las partes, el juez Quiroga resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio contra Oscar Andrada como presunto autor del delito de desobediencia. Asimismo, hizo lugar a la declaración de legalidad de la detención y el plazo pedido por los investigadores.

Con respecto a la medida de prisión preventiva, el magistrado explicó que, desde el inicio de los casos, desde fuero penal no se ordenó ninguna medida sustitutiva que permita evaluar el comportamiento de Andrada frente a la imposición de medidas de carácter procesal penal.

Por estas razones, dispuso una orden de prohibición absoluta de acercamiento y contacto de Andrada con relación a la víctima y su domicilio. La medida fue establecida por el plazo de seis meses. Luego, advirtió que, si el imputado incumple esta orden, la fiscalía podrá solicitar la aplicación de la prisión preventiva.    

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