Apertura de investigación por atentado a la autoridad agravado

Los hermanos Zuli Brighit Urbano González (36) y  Alexander Olave Urbano (40), resultaron procesados como presuntos autores del delito de atentado a la autoridad agravado. Los ciudadanos de nacionalidad colombiana, fueron detenidos por la policía luego que intentaran impedir el recorrido de un colectivo de larga distancia. La fiscalía tiene un plazo de seis meses para finalizar las tareas investigativas.  

En la sala de audiencias de la oficina judicial, se desarrollo una audiencia de control de la detención y formalización de la investigación preparatoria de juicio. El acto judicial fue presidido por el magistrado Alejandro Rosales. La fiscalía envió al funcionario Ezequiel Castro Albornoz, para que la represente. En tanto, los imputados recibieron el asesoramiento legal del abogado de la defensa pública, Gustavo Oyarzun.

En la ocasión, el investigador indico que el hecho ocurrió el 27 de abril a las 00:05 en la intersección de la Avenida Regimiento de Infantería 25 y calle 20 de Junio.

Según consta en la denuncia, en ese lugar los procesados impedían que el colectivo de larga distancia de la firma “Don Otto”, continuara su recorrido. Al arribar al lugar, los policías  entrevistaron con el conductor del ómnibus.

En este marco, el chofer sostuvo que Zuli y Alexander Urbano, le cruzaron un vehículo delante del colectivo. Luego descendieron del automóvil y comenzaron a golpearle la ventanilla y el parabrisas  exigiéndole que abriera la puerta del micro.

Al llegar los empleados policiales, los procesados los insultaron. Luego mantuvieron un forcejeo y lanzaron golpes de puño que provocaron lesiones leves en los efectivos. Finalmente, fueron reducidos y trasladado a la sede policial.

El representante del Ministerio Publico Fiscal, requirió al juez que declare la legalidad de la detención. Asimismo, peticiono un plazo de seis meses  para concluir la investigación. Con respecto a la calificación legal, indico que se trata de un delito de atentado a la autoridad agravado (artículos 237 y 238 inciso  4 del Código Penal).

En tanto, peticiono como medida sustitutiva, que Alexander Urbano se presente una vez al mes, en la comisaría más cercana a su residencia en la región de Antofagasta (Chile), a los fines de constatar su domicilio .

A su turno, Zuli Urbano,  utilizo su derecho a declarar. La mujer relato que llegaron a la terminal de ómnibus a bordo de un taxi. El colectivo ya se había retirado de la plataforma. En consecuencia,  siguieron al omnibus hasta la última parada, frente a la Escuela Provincial de Nivel Secundario 739. Allí, le mostraron al chofer el pasaje de Alexander Urbano y le solicitaron subir al transporte.

Según la imputada, el conductor y su acompañante, no permitieron que el  pasajero ascienda al ómnibus. Asimismo, agrego que los trabajadores de la empresa de transportes, llamaron al personal policial,  para que mediara en la situación.

En este sentido,  los procesados relataron que los efectivos policiales, actuaron de manera agresiva y lejos de arribar a una solución del conflicto, resolvieron aplicar un procedimiento de detención.

Por su parte, Oyarzun sostuvo que el relato de los detenidos es claro e ilustra una situación, que no es compatible con el delito de atentado a la autoridad. En este contexto, considero que sus asistidos fueron detenidos, sin  estar cometiendo ningún delito.

Así las cosas, formulo oposición a la declaración de legalidad de la detención. También pidió que no se formalice la investigación preparatoria de juicio.

Luego de escuchar los pedidos de las partes, Rosales, sostuvo que hay elementos suficientes para habilitar la investigación.   En este sentido, resolvió tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio,  en relación a los hechos expuestos y la calificación legal provisoria escogida por la Fiscalía.

Asimismo, declaro legal la detención de los hermanos Urbano y otorgo el plazo de ley para concluir la investigación. Por último, otorgo la libertad de los detenidos y ordeno que se presenten en la oficina de criminalística, a los fines de que se les aplique el protocolo único de identificación de personas.