Piden la revocatoria de la libertad para un condenado por abuso sexual
El Funcionario Ezequiel Castro Albornoz y el Fiscal Herminio Gonzales Meneses solicitaron al Juez Jorge Novarino, el tratamiento de la revocatoria de libertad para un sujeto condenado por abuso sexual agravado por ser cometido por un ascendiente.
El ultimo sábado, los representantes de Fiscalía pidieron al magistrado que otorgue una orden de allanamiento y detención, al constatar que el condenado estaba incumpliendo con la orden de prohibición de acercamiento a la víctima.
Por su parte el abogado de la Defensa Publica, Gustavo Oyarzun planteo la recusación del Juez para que intervenga en el tratamiento del pedido. El asesor legal del condenado, considero que el magistrado había adelantado su opinión al dictar la orden de detención. Asimismo, requirió la libertad de su asistido, hasta que se fije una nueva audiencia.
Finalmente, Novarino declaro legal la detención del condenado, ordeno un cuarto intermedio hasta que la Oficina Judicial designe otro magistrado, y otorgo la libertad del detenido.
En la sala de audiencias de la Oficina Judicial, se desarrollo una audiencia de control de la detención y pedido de revocatoria de la libertad, en el marco de una causa contra un sujeto de 36 años, -no se brinda la identidad del autor para evitar exponer públicamente a la víctima- que fue condenando por un delito contra la integridad sexual.
El acto judicial fue presidido por el Juez Jorge Novarino. La parte acusadora estuvo representada por el Funcionario Ezequiel Castro Albornoz y el Fiscal Herminio Gonzales Meneses. Mientras el imputado, recibió la asistencia técnica de Gustavo Oyarzun, abogado de la Defensa Publica. También participo la abogada Gabriela Francisco, en representación de la Asesoría de Menores e Incapaces.
En la oportunidad, Castro Albornoz explico que el ultimo sábado aproximadamente a las 22:00, el personal policial se comunico con los investigadores, para informar que habían constatado que la madre de la victima ingreso a bordo de su vehículo a la playa de estacionamiento del hotel ubicado sobre Avenida de Regimiento Infantería Mecanizado 25. En ese lugar el condenado fijo su domicilio ante las autoridades judiciales.
Asimismo, agregaron que en ese rodado también se encontraba la víctima. En este contexto, se debe recordar que el 3 de agosto pasado los jueces penales Daniel Pérez y Alejandro Rosales, dispusieron el cese del encarcelamiento preventivo para el condenado y le impusieron el cumplimiento de reglas de conducta
Los magistrados habían ordenado que el detenido debía fijar domicilio y también le impusieron la prohibición de acercarse la vivienda de la familia o establecer algún tipo de contacto con la víctima, entre otras disposiciones.
Ante la presunción del incumplimiento de la medida judicial, los representantes de Fiscalía peticionaron al juez una orden de allanamiento. Al comprobar que el condenado se hallaba en su domicilio, solicitaron su detención.
Así las cosas, Castro requirió que se declare legal la detención y se inicie el tratamiento de pedido de revocatororia de la libertad por incumplimiento de las medias impuestas por el tribunal.
A su turno, el imputado reconoció que se encontraba en su domicilio, pero manifestó que en ningún momento se puso en contacto con la víctima.
Por su parte, Oyarzun formulo oposición a que se declare legal la detención de su asistido y ofreció prueba testimonial de la esposa del condenado y otros personas adultas, que se encontraban en el lugar cuando se realizo la intervención policial.
Luego de analizar los pedidos de las partes, Novarino resolvió declarar legal la detención. Ante esta circunstancia, Oyarzun sostuvo que en defensa de los intereses de su asistido, debía plantear la recusación del juez.
El Defensor Publico considero que con la declaración de legalidad de la detención, no contaba con garantías de parcialidad por parte del magistrado.
Finalmente requirió a la Oficia Judicial que designe otro Juez, a los fines de tratar el incumplimiento o no de las medias sustitutivas impuestas al condenado.
Por último, Novarino resolvió otorgar la libertad del condenado y ordeno un cuarto intermedio hasta que la Oficina Judicial resuelva la petición efectuada.
Antecedentes del caso
El 04 de agosto del 2016, la Fiscalía inicio una investigación a raíz de una denuncia por un delito contra la integridad sexual, de una menor de edad. Dos días después, se realizo la audiencia de apertura de investigación y se dispuso la aplicación de la prisión preventiva para el imputado.
El 22 de marzo, el Tribunal Colegiado, integrado por los Jueces Roberto Casal, Jorge Criado y Ricardo Rolon, luego del juicio oral y público emitieron su veredicto y condenaron al acusado, luego de haber sido hallado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple, en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante, de menor de 13 años, en grado de tentativa, agravado por ser cometido por un ascendiente. Los magistrados, le impusieron una condena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo.
En tanto, el 25 de julio, la Cámara en lo Penal, representada por los magistrados Guillermo Muller, Martin Montenovo y Luis María Pintos, hicieron lugar parcialmente a la impugnación deducida por la defensa del acusado, contra la sentencia dictada por el Tribunal de juicio.
En consecuencia, el tribunal revisor, readecuo la calificación legal atribuida al hecho. En esa instancia, la causa fue calificada como abuso sexual simple agravado, por haber sido cometido por un ascendiente (art. 119, primer y cuarto párrafo inc. b del Código Penal). Así las cosas, el monto de la pena, fue fijado en tres años de prisión.
Finalmente , el 3 de agosto Pérez y Rosales dispusieron el cese de la medida de coerción y la aplicación de medidas sustitutivas
Lic. Jorge Manuel Juárez
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